Quemaron más de 100 kilos de droga en el basurero municipal

Quemaron más de 100 kilos de droga en el basurero municipal

Ayer en horas de la mañana, el Centro de Disposición Final del municipio se encargó de una tarea que se espera sea periódica: la quema de entre 110 y 120 kilos de estupefacientes de diversos operativos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis. Al parecer se trataría de marihuana y cocaína de distintas cantidades, aunque no se especificó las cifras de cada una. Cabe aclarar que la prensa local no tuvo acceso al momento del procedimiento, por lo que no se pudo detallar de qué operativo provenía cada cargamento que se destruyó, ni las cantidades de cada narcótico.
Desde el Tribunal Oral, la secretaria Alejandra Suárez informó que las drogas que han sido destruidas provienen de “distintos procedimientos” de las fuerzas antidrogas, y que se ha hecho luego de que las sentencias de los casos ya han sido dictadas. Estiman que luego del exitoso operativo llevado a cabo en el Centro de Disposición Final, se continúe con la colaboración del municipio para la destrucción de droga.
Por su parte Edgar Medina, director municipal a cargo del Centro de Disposición, contó cómo fue el proceso que llevaron a cabo para la eliminación de los estupefacientes. “Tenemos una máquina trituradora de línea nueva que trajo le gestión anterior del intendente Ponce que permite que los panes (ladrillos compactados de las sustancias) se puedan triturar rápidamente y quemar con facilidad”, relató el funcionario, sobre el proceso que habría llevado entre 15 y 20 minutos y que se hizo con la colaboración de la Policía Federal, empleados del centro y personal de Defensa Civil.
“Esta es una importante responsabilidad para la municipalidad, para el bien de la comunidad (…) Es la primera vez que se hace un procedimiento de estas características en la ciudad de San Luis, hemos recibido la felicitación de la jueza Mónica Spagnuolo y estamos muy contentos realmente por el trabajo hecho”, dijo Medina.
La lucha contra el narcotráfico en el país
Solucionar el problema del narcotráfico en el país ha sido una de las promesas de campaña más resonantes del ahora presidente Mauricio Macri. En sus primeros dos meses de gestión, en un contexto marcado por la fuga de Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, criminales vinculados al negocio de la efedrina, y la escalada de violencia en Rosario y sus alrededores que dejan un promedio de 200 muertes violentas al año relacionadas al vil negocio, el gobierno ha adoptado una estricta política antidrogas.
Una de las medidas más importantes fue la emergencia en seguridad, el decreto 228/2016, publicado en el boletín oficial el pasado 21 de enero. En dicho documento se expresa que la medida tiene como objetivo “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado” y que podría prorrogarse si así es necesario.
El decreto entiende como “delito complejo y crimen organizado” a la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes, al contrabando de armas y contrabando de estupefacientes, a los delitos relacionados a las asociaciones ilícitas o terroristas y los cometidos por asociaciones ilícitas para perpetrar delitos por fines políticos o raciales. También incluye los crímenes de fraude contra la Administración Publica, la prostitución y pornografía infantil, la trata de personas, la financiación al terrorismo y la extorsión, entre otros.
Entre las acciones que establece el decreto aparece la aprobación de “Reglas de Protección Aeroespacial” que autoriza a las fuerzas armadas a destruir vehículos aéreos que circulen por el territorio argentino si se consideran “hostiles”, con la finalidad de impedir el ingreso o egreso de aeronaves que transporten droga.
Además convoca a miembros de las fuerzas de seguridad retiradas a colaborar siempre y cuando no estén procesados, implicados a delitos de lesa humanidad o tengan sanciones disciplinarias. Y contempla la implementación del “Operativo Fronteras”, que buscaría proveer sistemas de radares de alta complejidad en todo el territorio argentino; el refuerzo en las medidas de seguridad en los transportes aéreos e incrementar la vigilancia marítima, fluvial y de puertos.
“La realidad del delito encontró al Estado sin capacidad de dar respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad”, dice el decreto en sus argumentos, que admite además la “evolución del crimen complejo a versiones más sofisticadas”. Queda la incógnita de saber cuáles serán las medidas desde los ministerios de Salud y Educación, otros de los pilares para una efectiva lucha contra las drogas. Por mientras en San Luis, se pretende implementar una ley propia, cuya sanción fracasó por falta de quórum el pasado 30 de diciembre y que busca intervenir de varias maneras el accionar de las fuerzas de seguridad. Sin duda la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un problema de rabiosa actualidad.

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