La oposición apunta a la “corrupción y financiamiento ilegal” en la campaña de Adolfo Rodríguez Saá

La oposición apunta a la “corrupción y financiamiento ilegal” en la campaña de Adolfo Rodríguez Saá

Legisladores del bloque Avanzar y Cambiemos por San Luis presentaron una denuncia en la Justicia Federal para que investigue lo que ellos consideran una violación a la ley de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales por parte del Estado provincial.
Los dirigentes formalizaron la denuncia penal este lunes en relación a la transferencia de los $80 millones a la fundación “Mujeres Puntanas” dirigida por la cuñada del gobernador, Gisela Vartalitis.
La denuncia involucra en primer lugar al gobernador Alberto Rodríguez Saá y al senador Adolfo Rodríguez Saá, ambos candidatos en las próximas elecciones, “cuya campaña ha sido financiada a través de estos hechos”, según consideró el diputado Alejandro Cacace.
También abarca al vicegobernador Carlos Ponce, quien firmó el decreto para transferir el subsidio; al ministro de Medio Ambiente y del Campo, Sergio Freixes quien firmó el convenio con la fundación y a la ministra de Hacienda, Natalia Chacur porque fue quien hizo la transferencia y dio la orden de pago. Incluye además al fiscal de Estado, Eduardo Allende y al contador General, Daniel Marone.
Alejandro Cacace (UCR), Walter Oio (PRO), Ingrid Blumencweig (Avanzar), Juan Manuel Rigau (UCR), Elena Pastor (UCR), Sergio Guardia (Avanzar) y Fidel Haddad (UCR) concurrieron en la mañana del lunes a la dependencia judicial, junto con el abogado Antonio Capello que patrocina la demanda.
“Este hecho constituye una clara violación a la ley de financiamientos de partidos políticos y campañas electorales”, sostuvo Cacace después del efectuar la denuncia. Porque según remarcó, el dinero fue utilizado para “financiar la campaña de Adolfo Rodríguez Saá a través de los actos públicos donde entregaron bienes”, donde según sostuvo, el candidato nacional invitaba a la gente “a votarlo en las elecciones”.
Con la denuncia los legisladores quieren que se investigue si los $80 millones, tal como lo indican las pruebas, fueron para financiar una campaña electoral que está regulada por una ley nacional. “Estamos apuntando a la corrupción, al financiamiento ilegal de la campaña y están bien identificados quienes son los responsables”, indicó Cacace.
“Nosotros hicimos un pedido de informes en nuestra responsabilidad como legisladores, pero el oficialismo se negó a tratarlo, como así también a dar explicaciones en los medios. Es nuestra obligación como funcionarios públicos hacer saber de los delitos que se han cometido, y que sean investigados”, declaró ante los periodistas.

Los denunciantes entienden que también hubo una malversación de caudales, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado provincial. “Quedará en responsabilidad del fiscal investigar y que las autoridades correspondientes intervengan”, agregó.
Puntualizaron una violación a la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos, en el sentido que esta norma es la que regula los aportes que pueden recibir las fuerzas políticas. “Prohíbe el aporte de personas jurídicas; por lo tanto, no pueden las fundaciones aportar a las campañas nacionales, no puede hacerlo el Estado, más allá de lo que se distribuye a partir del Ministerio del Interior”, agregó el dirigente radical.
“Creemos que hubo aportes ilegales que esta campaña recibió y debe ser investigado. La ley prohíbe el anuncio de planes oficiales, inauguraciones de obras y otras actividades tendientes a captar el sufragio en la campaña electoral”, dijo.

El bloque fundamenta la acusación en las pruebas que tienen y que al hacerse públicas recorrieron los principales medios nacionales: “El proyecto de cuatro carillas explicando para qué necesita el dinero, el convenio, la transferencia, el expediente y la orden de pago. Todos son elementos que configuran este hecho y es hora de que el oficialismo lo reconozca y de sus explicaciones y las motivaciones que lo llevaron a hacerlo”.
También apuntó que el oficialismo “entre sus tácticas” replicó las versiones de tres sitios online que se comprometieron en difundir la noticia, y los utilizó para dar noticias falsas: “Contra mi persona y la de Claudio Poggi, en el sentido que con esto buscamos eliminar los beneficios y esto no es así”.
“Estamos apuntando a la corrupción, al financiamiento ilegal de la campaña y están bien identificados quienes son los responsables”, agregó para hacer hincapié en el único fin que tiene la denuncia penal.

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