Estos últimos son trabajadores de planta permanente, que también presentaron certificados falsos para gozar de licencias pagas por enfermedad. Le dictaron prisión preventiva a la pareja detenida por el caso e imputaron a una tercera persona.
El gobernador Claudio Poggi firmó un nuevo decreto de rescisión de la relación laboral con seis empleados públicos que presentaron certificados médicos falsos durante 2023 y 2024. Con ellos, ya son 68 las personas con las que el Ejecutivo finalizó el vínculo laboral por este motivo.
Además, se informó que esta semana iniciaron sumarios a 33 trabajadores de planta permanente, que presentaron certificados falsos para gozar de licencias pagas por enfermedad.
Estos últimos trabajadores, según lo que establece el Estatuto del Empleado Público, serán suspendidos por 90 días sin el pago de sus haberes hasta que realice el sumario. Pertenecen a diferentes organismos del Estado provincial.
Respecto al decreto de rescisión de los 6 contratos rubricado por el Primer Mandatario señalaron que se detectó que agentes de distintos sectores de la administración pública provincial presentaron certificados médicos apócrifos para gozar de licencias pagas por razones de salud, lo que determinó la decisión de desvincular a los involucrados.
Los documentos tienen inconsistencias en los datos personales y en las matrículas de los médicos, a los que fueron atribuidos de modo falaz. Dado que las faltas quedaron injustificadas, se descontarán los haberes abonados por los días comprendidos en la estafa.
Los casos se encuadran en la cláusula sexta de los contratos de prestación, que integran los servicios suscriptos con el Gobierno de la provincia de San Luis. En base a ello, se rescindió el contrato a los agentes implicados y se dio por concluida la relación laboral.
UNA PAREJA DETENIDA
Los sospechosos, con preventiva
Por otro lado, este martes, la jueza de Garantía Nº 2 de San Luis, Agustina Dopazo, hizo lugar al pedido de ampliación de cargos solicitado por la Fiscalía para los dos detenidos por el caso, Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo, por los delitos de asociación ilícita y defraudación en la administración pública y les dictó la prisión preventiva por el término de 30 días, en el marco de la investigación por la emisión de certificados médicos falsos.
Este martes, la magistrada también dio por formulados los cargos contra Graciela Apaza Señani por falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita, a quien le ordenó, como medidas coercitivas, la firma del libro de Fiscalía por 90 días y la prohibición de salir de la provincia.
El pasado 11 de octubre se aportó a la investigación un nuevo certificado médico falso emitido por los acusados, por lo que se realizaron nuevas pesquisas a los teléfonos de ambos, lo que dio por resultado la aparición de una tercera persona, Apaza Señani, encargada de imprimir los documentos apócrifos.
