La Justicia investiga cómo funcionaba el “negocio” de la discapacidad, ocasionando una pérdida de 1,355 millones de pesos al año. Detectaron al menos 150 casos.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cruzó datos con el padrón del ex ministerio del Interior y se encontró con que 150 personas que habían muerto hasta cinco años atrás cobraban una pensión por discapacidad.
En esa misma línea, semanas atrás, la agencia había detectado que 212 pensionados estaban presos. O sea, procesados y condenados recibieron una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Las auditorías internas llegaron a los tribunales de Comodoro Py.
A pesar de los controles internos, las autoridades de la ANDIS recibieron feroces críticas desde los medios de comunicación alineados con el kirchnerismo por el “recorte en las pensiones”.
Pero según Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, el último año del gobierno de Alberto Fernández, la inflación fue del 211,4%, pero los aumentos a prestadores solo alcanzaron el 82,50%. O sea, quedaron 129 puntos por debajo de la inflación. Sin embargo, los prestadores no se movilizaron hasta febrero de 2024 tras el cambio de autoridades en la ANDIS.
Este año, primer año del gobierno de Javier Milei, “con una inflación acumulada del 107%, la nueva gestión otorgó aumentos por un 99,11%, quedando solo 8 puntos por debajo. A pesar de esto, ya se realizaron dos movilizaciones contra la gestión”, explicaron las autoridades de ANDIS.
Se acusa a la nueva gestión de ANDIS de realizar “recortes”, pero la primera acción fue convocar al directorio y establecer aumentos, agregan mientras presentan documentación sobre las últimas irregularidades encontradas al cruzar los datos de los beneficiarios de pensiones por invalidez.
