El 3 de diciembre de 1990, militares encabezados por Mohamed Alí Seineldín se sublevaron contra el gobierno de Carlos Menem, la cuarta vez desde el regreso de la democracia.
Habían pasado siete años desde la recuperación de la democracia. Pero los militares no se resignaban a la idea de perder la impunidad y que ellos estaban por encima de la Constitución. El coronel Mohamed Alí Seineldín era uno de ellos. Por eso, el 3 de diciembre de 1990, hace hoy 34 años, se levantó en armas otra vez contra el gobierno constitucional, con el objetivo de torcerle el brazo al presidente Carlos Menem y forzar cambios en la conducción, la estructura y las reglas de funcionamiento del Ejército.
El que encabezó Seineldín en 1990 fue el cuarto alzamiento militar carapintada desde 1983 y el segundo comandado por él. Los sublevados llegaron a ocupar el edificio Libertador y parte del Regimiento de Patricios. Y si bien una enérgica reacción ordenada por Menem puso fin a la rebelión, que había durado veinte horas, el resultado fue trágico, ya que hubo un saldo de catorce muertes, entre civiles y militares. El de 1990 fue el más cruento de todos los levantamientos.
Ni siquiera cuando habían dejado de tener el poder en un puño, como cuando disponían de la vida y otros derechos de los ciudadanos, los militares dejaron de causar daño al resto de la sociedad: cinco de las catorce víctimas fatales del alzamiento fueron civiles que iban en un colectivo que fue atropellado por un tanque.
El hecho que los militares aún se sentían omnipotentes era evidente. A tal punto que cuando Seineldín inició el alzamiento, hacía ya un mes que el gobierno de Menem lo esperaba. En parte, el propio jefe carapintada se había encargado de anunciarlo públicamente. Primero le envió una carta al nuevo jefe de la fuerza, general Martín Bonnet, donde en forma solapada amenazó con fraccionar el Ejército. Bonnet lo castigó con veinte días de arresto.
Seineldín, que tenía una relación amistosa con Menem y había esperado que lo ascendiera a general y lo nombrara jefe del Ejército, pensó que el presidente intercediera por él. Como eso no ocurrió, se acabó la buena relación con él.
En una segunda carta, el 20 de octubre de 1990, sin disimulos, Seineldín le anunció a Bonnet que “están dadas las condiciones para que sucedan acontecimientos reivindicatorios de tal gravedad que ni usted ni yo estamos en condiciones de precisar”. Además, los mismos involucrados se habían encargado de que la información llegara al público.
Era el cuarto alzamiento en contra del orden democrático. El primero -el más recordado- había sido el de la Semana Santa de 1987, encabezado por Aldo Rico, que puso en jaque al gobierno del radical Raúl Alfonsín.
“Argentinos, felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”, anunció el presidente desde el balcón de la Casa Rosada, al volver de Campo de Mayo, donde se había entrevistado con Rico. Era cierto, no hubo derramamiento de sangre, pero el costo fue altísimo: los militares le arrancaron a Alfonsín el compromiso de que haría algo para frenar la persecución judicial a las fuerzas armadas, por los delitos de lesa humanidad que habían cometido durante la dictadura del ‘proceso de reorganización nacional’.
El primer presidente de la recuperación democrática tuvo que enfrentar otras dos sublevaciones: nueve meses después, en enero de 1988, la de Monte Caseros, liderada por Rico; y la de Villa Martelli, en diciembre de 1988, liderada por Seineldín. El resultado fue que el gobierno sancionó las leyes de Obediencia Debida y Punto final.
“Yo no voy a ser otro Alfonsín, no voy a negociar. O se rinden, o bombardeamos las unidades”, dijo Menem en 1990, ante el nuevo amotinamiento encabezado por Seineldín. Tras veinte horas de enfrentamiento entre los sublevados y las fuerzas leales, con el saldo de catorce muertos entre militares y civiles, terminó la última aventura golpista de los carapintadas.
Un tribunal militar condenó a Mohamed Alí Seineldín a prisión perpetua. Pasó doce años en prisión, hasta que en 2003 fue indultado por el presidente Eduardo Duhalde, junto al ex guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, Enrique Gorriarán Merlo.