El reconocido abogado, Rafael Berruezo aseguró que los funcionarios que engañaron a los trabajadores de planes sociales prometiéndoles en plena campaña electoral estabilidad laboral en el Gobierno con la firma de contratos cometieron un delito y que deberán responder ante la Justicia.
“La gente obviamente se da cuenta de que eso fue una cuestión de campaña” dijo el abogado, y sugirió hacer las denuncias para avanzar en los procesos judiciales contra esos funcionarios.
Berruezo está convencido de que la idea de Rodríguez Saá ha sido condicionar al próximo gobierno y que para ellos ha engañado a los trabajadores.
Usted patrocinó este año a una trabajadora de Inclusión que denunció penalmente al Ministro de Inclusión, Nicolás Anzulovich, por enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasó con esa denuncia?
Sí, lo básico. La denunciante fue citada a ratificar, lo cual ya lo hizo, y después citaron a Emanuel Moreno, el periodista que hizo un informe, también ya ratificó el informe, así que ahora estimo que deben estar pidiendo información como registro de muebles, automotor y demás. Así, a los efectos de ver el patrimonio de Anzulovich, lo cual me imagino también que harán el periodo de informe en relación a los familiares o el círculo 29.
En otra entrevista que le hicieron a la salida de la Legislatura, Anzulovich admitió que sí, que se trataba de su vivienda, que era su propiedad, admitió la pertenencia de esos bienes.
Sí, en un video dijo que él había demostrado todo en la Justicia, los bienes, lo cual, de lo que se refleja en el expediente digital, no es verdad, porque en el expediente digital no hay nada, no hay nada incorporado, lo único que hay es un escrito designando abogado y nada más. O sea, dejo abierta la posibilidad de que se haya autodenunciado y ahí él haya acompañado la documental que dice que acompañó, o que la documental la tenga el abogado y todavía no la haya presentado. Pero en el expediente no hay nada presentado.
¿Cuál es la situación de la trabajadora que usted patrocinó con relación a estos reclamos que se vivieron la semana pasada por las promesas de contratos?
La verdad que no lo sé, no le he preguntado, tengo que verlo esta semana, así que ahí le preguntaré si a ella le hicieron engañosamente firmar un contrato, pero la verdad que no lo sé.
¿Está al tanto usted de la manifestación que hubo el día viernes en donde hubo un reclamo muy puntual por parte de trabajadores en relación a esa promesa que llegó en los días previos a las elecciones?
Sí, vi el video ahí donde está el ministro de Seguridad, Claudio Latini explicándole a la gente cómo les mintieron. O sea, en el video deja claro Latini que los demás ministros, entre ellos el de Turismo, Acción Social, y otros obligaron o engañaron a la gente a firmar un contrato haciéndoles creer que iban a estar contratados y cobrar una categoría F y en realidad fue todo mentira, tal como lo dice ahí Latini. Y la gente obviamente se da cuenta de que eso fue una cuestión de campaña.
Habría que ver o recabar más información de cómo fue, pero en principio el hecho de haberles hecho firmar estos contratos implica el delito de estafa del Artículo 173, el inciso 3 creo que es, referido a quienes hacen firmar contratos de forma engañosa.
¿Usted dice que Latini los ha dejado al descubierto, en el sentido de que han cometido un delito?. ¿Hay una admisión pública de que se ha cometido una ilegalidad?.
Tal cual, porque ahí en el video claramente Lattni dice, bueno, usted, hasta que no se reforme la ley de presupuestos que está en la legislatura, no lo podemos incorporar. Pero si nos hicieron firmar contratos, bueno sí, pero no se puede, por la ley no le podemos pagar. Y ahí algunos dicen, la gente que está ahí en seguridad comunitaria, de que hay otras reparticiones y hay gente, así, con plan de inclusión, que sí están cobrando, lo cual amerita una investigación. Y la verdad no, porque si están cobrando con esa categoría, también es un delito porque no está permitido nombrar gente de acuerdo a empleados nuevos, de acuerdo a la ley de presupuestos.
¿Además de la comisión de un delito, cree que ahora habrá un intento de direccionar la presión de los trabajadores hacia los legisladores para que reformen el presupuesto, como una vía de escape, digamos, a la ilegalidad?
Claro, claro. Es querer regularizar un delito, por un lado. Y por otro lado está claro que ellos saben que esto revienta las finanzas provinciales. Entonces, el gobernador Claudio Poggi cuando asuma se va a ver obligado a dejar sin efecto todo esto, entonces, ¿quién va a ser el malo? Bueno, en realidad los que cometieron el delito son los que están ahora.
¿Usted cree que la intención es dinamitar la próxima gestión llenando el Gobierno con más de 20 mil nuevos empleados públicos?.
No te quepa la menor duda de que esa es la intención.
¿Qué herramientas legales o qué herramientas de defensa tiene la sociedad para que no le exploten un gobierno de esta manera?
Sí, denunciar todo esto. Denunciar no solamente, bueno, el enriquecimiento, sino todo este incumplimiento del funcionario, el delito de estafa. Y bueno, y requerir y pedir que todos los ministros que hoy están den las explicaciones en la justicia que corresponde. Porque esto no es, digamos, arruinarle la gestión a Poggi. Esto es arruinarle la gestión, esto es arruinarle toda la ciudad, toda la provincia de San Luis, a la población de San Luis. Es ni más ni menos.
Uno entiende que se comprometen los recursos de la próxima administración, con lo cual es una afectación para el futuro de la sociedad en general, ¿no?
Tal cual, porque algo que moviliza la economía es la obra pública. Pero la obra pública, digamos, que genere bienestar para la gente. Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, hacer casas. Pero si vos estás haciendo un parque acuático no sé en dónde, o el Parque Vulpiani en Juana Koslay, y obras faraónicas que no tienen ningún sentido, que no tienen ninguna utilidad para la gente, y encima incorporar gente al Estado público, ¿qué margen te queda, por ejemplo, para hacer casas? Que es un generador y un efecto que tiene un efecto multiplicador en la economía muy importante.
No se puede seguir acumulando gente en la administración pública, que en muchos casos no tiene tantas tareas para hacer, y uno dice, por ahí lo escuchas ya, los empleados públicos no trabajan, lo que pasa es que hay tantos empleos públicos que por ahí no hay tareas para hacer, ¿se entiende?.
Entonces, por eso hay algunos que tienen ese preconcepto para con los empleos públicos; pero bueno, lo que hay que hacer ahora es que no ingrese esta gente, y tratar de, como ha dicho el pueblo, tratar de generar trabajo genuino para que esta gente entre en ese ámbito privado y que gane más dinero que los que están hoy.
¿La trampa que armó Rodríguez Saá perjudica al próximo gobierno y perjudica a los trabajadores?
Exactamente, y menos los nuevos que van a ingresar a la legislatura, los 53 -con sueldos de 800 mil pesos- que van a ingresar.
