La causa contra Verónica Acosta, la mujer a la que el Gobierno le transfirió erróneamente más de 500 millones de pesos por el pago de una cuota alimentaria y que ella se negó a devolver y utilizó como propios, sigue. Para ella y las personas que la habrían ayudado a usar ese dinero en tiempo récord, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil, Milagros Gil y Nicolás Gil, también. Pero, más allá de seguir imputados por tres delitos y deberle dinero al Estado, en las últimas horas recibieron un aliciente. La Fiscalía decidió retirar la fianza de 5 millones de pesos que había fijado para cada uno de los acusados.
A mediados de mayo, la fiscal instructora de Villa Mercedes, Daniela Torres, había solicitado que los seis imputados fueron enviados al Penal los siguientes cuatro meses, mientras continúa abierta la investigación. Pero la jueza subrogante del Juzgado de Garantía 3, Antonela Panero, consideró que no era necesaria la medida de coerción y sí les prohibió salir de la provincia, cumplir con la obligación de presentarse en la Fiscalía a firmar un libro cada mes y que cada uno devuelva 5 millones de pesos, en los siguientes tres días.
Acosta, Quiroga y los Gil están acusados por “Defraudación mediante el uso indebido de tarjeta de compra, crédito o débito”, “Fraude en perjuicio de la administración pública” y por “Retención indebida”.
Los abogados defensores reconocieron que sus clientes utilizaron parte del dinero que Acosta recibió en su cuenta bancaria, que emplearon 44.546.269 pesos en apenas un día, para hacer compras y pagos. Pero resaltaron que “no hubo engaño a ninguna institución del Estado, ni financiera”.
Dijeron que no existió un delito penal, porque usaron la plata para “satisfacer necesidades” pasadas y que sus defendidos tienen toda la intención de solucionar el problema.
