El tiempo y, sobre todo, la Justicia, parecen, no hacer más que beneficiar a Jonathan Sandoval. Luego de atropellar y matar con su camioneta a Rocío Amancay, una joven de 19 años que aspiraba a ser abogada, y huir de la escena de ese siniestro, el hombre que ahora tiene 40 años fue detenido. Al principio, con todas las marchas y manifestaciones frente a los Tribunales de San Luis, de parte de los familiares de la víctima que jamás bajaron los brazos en el reclamo de justicia, parecía que todo el peso de la Ley recaería sobre el ingeniero agrimensor que conducía el vehículo que apagó para siempre la vida de esa chica, que tenía toda una vida por delante. Cuando la causa fue elevada a juicio, el fiscal instructor, Esteban Roche, había solicitado que, llegado el momento del veredicto, sea condenado a 16 años de prisión. Pero cuando ese día arribó la fiscal Virginia Palacios no requirió esa severa pena, sino una cuarta parte de esos años de cárcel porque, a último momento, el último día del debate oral, en un sorpresivo giro, decidió no sostener la acusación por “homicidio simple con dolo eventual”, sino que pidió que lo sentenciaran por un delito mucho menos gravoso: “homicidio culposo calificado”. Y el tribunal, al final, se inclinó hacia la representante del Ministerio Público Fiscal y lo penó a cuatro años de prisión, el 4 de julio de 2024.
Como si todo eso resultara poco, la titular del Juzgado Ejecución Penal de San Luis le otorgó un beneficio que, a lo sumo, suelen dárselo a un convicto cuando cumple las dos terceras partes de su sentencia. Y, por lo general, son salidas transitorias. Pero la jueza María Itati Zudaire Carricaburu lo premió con algo mejor que eso: salidas asistidas. Se trata de un beneficio penal que les permite a los reclusos salir de la cárcel mucho antes de cumplir su pena; pero bajo la supervisión y sujeción de ciertas pautas impuestas por un juez o jueza. Ese régimen de egreso anticipado forma parte de un plan de desarrollo personal, que implica supervisión y servicios con el objetivo de lograr “la integración social”. No obstante, es una medida que normalmente la Justicia aplica en jóvenes o internos penitenciarios que transitan los últimos meses de su condena.
Entre esas sencillas condiciones que le fijó Zudaire Carricaburu están: que resida en una casa del barrio Cerro de la Cruz, informar si cambia de domicilio, no abusar de bebidas alcohólicas y abstenerse de consumir estupefacientes, acreditar dentro de los próximos 15 días la realización de algún oficio, arte, industria o profesión, someterse a una terapia psicológica y comunicar el inicio de ese tratamiento en los siguientes cinco días, realizar un curso de concientización vial y, como si hiciera falta indicarlo, y esto vale para todo el mundo: no cometer delitos.
En su escueta resolución, la titular del Juzgado de Sentencia de San Luis mencionó que dicho fallo contó con “la conformidad del Ministerio Público Fiscal, a través de la fiscal Virginia Palacios, y la parte damnificada, Magíster Aguilera Marturano”, es decir el abogado de la madre de la víctima. En lo que no se explayó la magistrada fue en que, previo a tomar su decisión, el representante de Gabriela Medero insistió en que si le concedían ese beneficio fuera de aplicación restrictiva, es decir que Sandoval esté obligado a cumplir determinadas conductas, requisitos y que si los desobedece sea trasladado nuevamente al Penal.
Aguilera Marturano le detalló a Todo un País que el hombre accedió a esa clase de libertad porque durante el encierro su “comportamiento fue correcto y también los parámetros psicológicos” lo favorecían.
Pero, ante todo, el asesino al volante fue beneficiado porque apenas dos o metres después de ser encarcelado, en el 2023, consiguió lo que denominan “beneficio educativo”. El abogado explicó que es algo que “le concede la Ley a los que están en prisión que llevan adelante algunos estudios y/o cursos”. Al estar en la cárcel, con un beneficio de estudios el convicto logra una significativa reducción de su pena, en este caso 20 meses antes del cumplimiento efectivo de la condena.
Esos cursos que realizó Sandoval fueron de carpintería y albañilería. En realidad, apenas accedió a ese beneficio educativo, a través de sus abogados el ahora condenado requirió varias veces la libertad asistida. Pero ninguno de esos planteos prosperó porque, ante cada nueva presentación de la defensa, Aguilera Marturano se opuso. Fue numerosa la cantidad de oportunidades que el representante de la madre de Amancay pidió que no le hicieran lugar a esa solicitud.
Cada presentación de esos recursos no es gratis, suponen un costo económico. Al parecer, esta última vez la parte damnificada ya no estaba en condiciones de hacerle frente a un nuevo e insistente requerimiento de libertad asistida de parte del asesino de la joven. Por eso esta vez el requerimiento del ingeniero agrimensor prosperó y ya es un hombre libre. Cumplirá la totalidad de su pena el 31 de julio de 2027.
Sandoval fue declarado culpable de “homicidio simple con dolo eventual” (porque después de atropellar a la joven se dio a la fuga) por un tribunal, integrado por los jueces Fernando Julio de Viana en la presidencia y los vocales Adriana Lucero Alfonso y Hugo Guillermo Saá Petrino. Antes de oír el veredicto el acusado manifestó: “Perdón a la familia Pedernera-Medero, agradecer a mi familia por acompañarme; estoy en las manos de Dios y que se haga su voluntad”.
El fallo fue unánime. Luego de escucharlo, el ingeniero, por ese entonces, de 39 años fue trasladado otra vez al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecía desde agosto de 2023 con prisión preventiva, a la espera del debate oral.
Pero el día anterior de conocer la resolución del tribunal que lo juzgó y lo halló culpable, el hombre le dedicó unas palabras a los familiares de la joven de 19 años que mató en la autovía José Santos Ortiz, esa madrugada fatal que les cambió la vida a los padres de la víctima y los dejó, de alguna forma, detenidos en el tiempo.
“Nunca en mi vida pensé en causar tanto dolor a una familia”, dijo, para empezar. Manifestó que cargaría con el peso de ese accidente por el resto de su vida y se tornó religioso. “No sé el motivo que tuvo el Señor para que me pase esto, pero espero que a través de este juicio se sepa la verdad”, manifestó en otro pasaje de su declaración.
El ingeniero quiso aclarar que no era “un animal, ni el diablo”, como lo había citado la querella. Recordó que también es padre y que si hubiera pasado por el trauma que sufrió el padre de Amancay hubiera reaccionado de la misma manera. Al final de esa declaración, poblada de palabra contundentes, Saldoval les aseguró a los familiares de Rocío que no estaba dolido por las declaraciones que hicieron en su contra.
Como si no hubiera sido lo suficientemente claro ya, con tres expresiones de infinito pedido de perdón, en su breve presentación ante los jueces, le dirigió unas palabras a la persona que le quitó la vida. “Perdón de corazón, Amancay…que Dios te tenga en su santa gloria”, expresó.
La madrugada del siniestro Rocío Amancay Pedernera circulaba en su moto 110, marca Keller, por la autovía Santos Ortiz. Regresaba a su casa, cuando fue embestida desde atrás por una camioneta Hilux que manejaba el ahora condenado. Ella volvía de trabajar de un local gastronómico, de la avenida Illia. Hacía apenas tres días que había empezado ese empleo. Estaba en un período de prueba, en el sector de la cocina. Pero entusiasmada, porque quería continuar sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho.
