El Ejecutivo Provincial impulsa otros tres proyectos de ley que apuntan a reducir la mora judicial, uno de los reclamos que más escucha en su contacto con los ciudadanos, según ha expresado el gobernador Claudio Poggi. Este martes, el Primer mandatario envió a la Legislatura las tres propuestas de ley: una que busca evitar la demora en las notificaciones judiciales, otra para agilizar los juicios orales y la tercera para dotar a la Ley de Amparo de mayor agilidad y transparencia.
En definitiva, son parte, junto a otros proyectos de ley —entre ellos, el que redujo la feria judicial a la mitad, que ya fue promulgado días atrás—apuntan a una reforma judicial que modifique procedimientos clave del sistema, con impacto directo en la celeridad y la organización interna de los fueros.
En todos los casos, las iniciativas son fruto del diálogo que se ha impulsado desde el Ejecutivo Provincial con distintos sectores: el Superior Tribunal de Justicia, el Colegio Forense y los colegios de abogados.
Uno de los proyectos, el de la Ley de Régimen de Notificaciones, plantea una modificación estructural en la manera en que se notifican las resoluciones judiciales. Establece como regla el domicilio procesal electrónico, es decir, la casilla institucional del Poder Judicial que utilizan los abogados y habilita un sistema automatizado de notificaciones para la mayoría de los actos.
En la actualidad, entre la resolución y su notificación pueden pasar hasta cinco días hábiles. La ley propone eliminar ese plazo, eliminar múltiples operaciones manuales y garantizar la plena trazabilidad mediante un registro técnico de envío.
La idea es que las resoluciones habituales se notificarán por vía electrónica automatizada, mientras que los actos más sensibles —como demandas, citaciones personales o declaraciones de rebeldía— continuarán notificándose en el domicilio real.
Con el nuevo régimen, la carga de confección de cédulas electrónicas desaparece y una parte importante de esos recursos humanos podrá destinarse a tareas de mayor valor agregado, sin necesidad de incrementar la planta ni los costos presupuestarios.
Otro de los proyectos es el de ‘Modificaciones al Sistema de Enjuiciamiento Penal de la Provincia: Supresión del Tribunal de Impugnaciones e Introducción del Recurso de Revisión Horizontal’. La esencia de la iniciativa que ya fue enviada a los legisladores es que los juicios orales tengan mayor celeridad y reducir los tiempos de revisión de las sentencias.
Como su nombre lo indica, la ley propone eliminar el Tribunal de Impugnaciones penal, que sus funciones se redistribuyan dentro de los Colegios de Jueces de cada circunscripción y la creación de un Recurso de Revisión Horizontal, ante un tribunal de tres jueces sorteados, con revisión amplia de la sentencia y sin reenvío.
Esta revisión horizontal busca cumplir con el estándar de ‘doble conforme’ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que es el derecho de una persona condenada en un proceso penal a que la sentencia condenatoria sea revisada por un tribunal superior.
Los actuales jueces de Impugnación pasan a integrar los Colegios de Jueces y las causas en trámite se redistribuyen. En tanto que el recurso de casación ante el Superior Tribunal solo se mantendrá cuando la revisión revoca la sentencia.
El tercer proyecto establece cambios en la Ley de Amparo, con el foco puesto en evitar la posibilidad de elegir estratégicamente el juzgado para presentar una acción. Es decir, el amparo deberá presentarse ante el juzgado de primera instancia que corresponda por turno o sorteo, según la materia: Civil, Comercial, Ambiental o Laboral.
Otros dos ejes de la reforma son la intervención obligatoria de la Primera Circunscripción cuando el amparo es contra el Estado y lla ampliación del plazo para que la parte demandada responda el informe del artículo 7: pasa de tres a cinco días hábiles, equiparándolo a una contestación de demanda y fortaleciendo el derecho de defensa sin afectar la celeridad propia del amparo.
