Venta de drogas en un estudio jurídico: Correa Otazú pidió la prisión domiciliaria por problemas mentales y se la negaron

En diciembre, la Cámara Federal de Mendoza había rechazado la apelación de sus anteriores defensores, que argumentaron que no vendía sustancias, sino que solo las consumía. A partir de allí, el conocido abogado por “diferencias de criterios” se quedó sin asesores legales y ahora se representa a sí mismo.
15 de febrero de 2026
El 29 de agosto pasado cuando Correa Otazú fue detenido. A una de sus cómplices le hallaron un kilo de cocaína que traía de Córdoba.

El panorama para el reconocido abogado de Villa Mercedes Emmanuel Correa Otazú no solo no mejora, sino que pasó de oscuro a negro “boca de lobo”. Está preso desde los primeros días de septiembre pasado y, desde que lo detuvieron a fines de agosto, no ha parado de cambiar de abogados. En un principio, cuando lo imputaron por vender drogas en su estudio jurídico junto a otros dos cómplices, también arrestados el 29 de agosto, intentó defenderse solo. Nadie en la audiencia, presidida por el juez federal Juan Carlos Nacul, entendió una palabra de su verborragia sin freno, en la que una palabra se tropezaba con la siguiente y solo causaba más confusión. Entre tantos vaivenes, en una semana llegó a tener hasta siete defensores. Recurrió en un primer momento a Gustavo Otegui y Juan Manuel Dómine, luego desistió de ellos y, más tarde, volvió a requerir de sus servicios.

Pero ya en diciembre, a causa de “diferencias de criterios” esos abogados renunciaron definitivamente. Correa Otazú quedó solo y decidió defenderse por su cuenta. Lo hizo. Le pidió al Juzgado Federal de Villa Mercedes que le concediera la prisión domiciliaria porque atraviesa problemas de salud mental. El juez Nacul concluyó que el tratamiento que necesita lo puede recibir tranquilamente en donde está, en el Servicio Penitenciaria de San Luis. Su destino sigue siendo, entonces, la cárcel. Le rechazó la solicitud.

La relación entre Emmanuel Correa Otazú y sus últimos asesores legales terminó, al parecer, en no muy buenos términos. Tanto que sus exrepresentantes no quieren volver a hablar sobre el hijo de la reconocida locutora de Villa Mercedes “Titi” Otazú y hermano del joyero de las estrellas de Hollywood, Rodrigo Otazú.
En el recurso de impugnación que plantearon a la Cámara de la vecina provincia fundamentaron que sí, efectivamente el hijo de la “Titi” consumía drogas, pero de ninguna manera las comercializaba. Por eso era obvio que si usaba sustancias hallarían en su domicilio las típicas bolsitas de nylon, que es la forma con la que los «dealers» venden las dosis. Remarcaron que por esa razón en lo de Juan W. Gez 80, la casa de Correa Otazú, los policías encontraron esos recortes de plástico debajo de la cama y regados por toda la vivienda. Pero lucía más que notorio, según sostuvieron, que eran “de vieja data”, por el color amarillento de los envoltorios.

La Cámara Federal de Mendoza dio a conocer su dictamen en diciembre. No hizo lugar al planteo de los últimos asesores del acusado y confirmó el procesamiento del hijo de la locutora. Fue, entonces, cuando el imputado rompió trato con Otegui y Dómine y decidió seguir su propio camino.

Ante la imposibilidad de comunicarse con otro colega, resolvió solicitar él mismo la prisión domiciliaria, a cumplirse en un inmueble de Fuerte Constitucional 539, en Villa Mercedes. Afirmó que atraviesa problemas mentales que en el ámbito carcelario no pueden ser tratados. Acompañó ese pedido con un informe psiquiátrico que realizó el conocido psiquiatra particular, Juan José Masramón. En su reporte, el médico “describe y diagnostica los problemas de salud mental que padecería” y agregó, en su opinión como profesional, “la necesidad de abordaje terapéutico específico, continuo y supervisado, los que a su criterio, no resultarían probables de cumplirse en el servicio penitenciario”.

También indicó que ya había efectuado las gestiones para iniciar un tratamiento con su psiquiatra particular y fue admitido en la Clínica “Las Vertientes”. Explicó que dicha institución especializada había hasta “diseñado un programa terapéutico ambulatorio integral, aseverando que es compatible con el régimen de prisión domiciliaria y susceptible de control judicial”.

A tal planteo, Nacul contestó que fue el mismo Correa Otazú quien por decisión propia abandonó la medicación prescripta y concluyó que su patología y cuadro psíquico son consecuencias del abuso de consumo de sustancias psicotrópicas. “El actual estado de salud física y mental del interno puede ser tratado, medicado y debidamente controlado de parte del cuerpo médico especializado, con asiendo en la penitenciaría”, resolvió, en consecuencia.

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