El fiscal de Instrucción N°2 de San Luis, Ricardo Barbeito, volvió a quedar bajo cuestionamientos por su actuación en causas vinculadas a presuntos hechos de corrupción que involucran a ex funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Las críticas —planteadas en presentaciones judiciales y seguimientos de expedientes— apuntan a demoras, archivos y falta de impulso acusatorio en investigaciones de impacto institucional.
Desde Fiscalía de Estado sostienen que, en varios de esos expedientes, es ese organismo el que continúa promoviendo medidas probatorias, requiriendo informes y apelando resoluciones para evitar el cierre de las causas.
La causa Ramírez–Berardo
Uno de los expedientes que volvió a poner el foco sobre la fiscalía es el que involucra a la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, y al ex secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo.
En septiembre de 2024, la entonces fiscal adjunta Antonella Córdoba los imputó por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la imputación, firmaron en pocos días tres contratos de obra vinculados a predios deportivos mediante contrataciones directas y con anticipos financieros del 70%, porcentajes superiores a los límites previstos por la normativa.
En esa audiencia, el juez Marcos Flores Leyes dispuso medidas de coerción —firma periódica, prohibición de salida de la provincia e inhibición general de bienes— al considerar que existían elementos para avanzar.
Sin embargo, de acuerdo con planteos posteriores incorporados al expediente, la investigación no registró avances sustantivos durante más de un año en la fiscalía a cargo de Barbeito, mientras que Fiscalía de Estado continuó impulsando diligencias.
Nodos de seguridad: una adjudicación de miles de millones
Otro caso relevante es el vinculado a la adquisición de nodos de seguridad durante la gestión de los ex ministros Luciano Anastasi y Claudio Latini.
La denuncia señaló que el proceso partió de un presupuesto superior a $1.015 millones para la compra de 300 nodos, pero terminó adjudicado por más de $1.221 millones a un único oferente. También se advirtió que parte de los dispositivos no fue instalada y que otros permanecieron almacenados o en poder de la empresa proveedora.
Pese a esos señalamientos, Barbeito resolvió archivar la causa al encuadrarla como un incumplimiento contractual sin relevancia penal. La decisión fue apelada por Fiscalía de Estado, que busca reactivar la investigación.
La causa GePU y el pedido de intervención
El desempeño del fiscal también quedó bajo observación en la causa vinculada al club GePU. En ese expediente, el abogado Marcelo Genaro Neme solicitó la intervención del Ministerio Público Fiscal al advertir que, pese a la producción de distintas medidas probatorias, no se avanzaba hacia una formulación de cargos.
Según el planteo presentado, la falta de impulso acusatorio podría derivar en la paralización de la investigación. El pedido de Neme puso nuevamente en debate el ritmo de actuación del órgano fiscal en causas sensibles.
Nassivera, otra fiscal bajo cuestionamientos
En paralelo, el foco también se posa sobre la fiscal adjunta Alejandra Quiroga Nassivera, cuya actuación en otras investigaciones recientes generó objeciones judiciales.
En uno de esos expedientes —relacionado con presuntas irregularidades en la provisión de indumentaria para Bomberos— se cuestionó la escasa actividad investigativa y la intención de cerrar la causa sin producir medidas de prueba suficientes. La situación motivó la intervención de la jueza de Garantía, que ordenó continuar con la investigación.
Nassivera había sido designada en el tramo final del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, un dato que distintos actores del ámbito político-judicial mencionan al analizar el contexto de las causas.
