El Ministerio de Seguridad y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de San Luis firmaron un convenio de colaboración para poner en marcha el Programa de Monitoreo y Vigilancia Electrónica dentro de los procesos penales de la provincia. La rúbrica se realizó el lunes en el Palacio de Justicia, entre la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y el presidente del STJ, Jorge Levingston.
La firma resuelve un vacío administrativo, no tecnológico. San Luis ya tenía físicamente los dispositivos: en febrero de 2026 el Gobierno provincial había firmado un acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación que le permitió reincorporarse al Programa Nacional de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, del que había sido dado de baja en julio de 2023 por la gestión anterior. Hasta esa reincorporación, San Luis y Formosa eran las únicas provincias del país sin este sistema.
Pero tener las tobilleras no alcanzaba: faltaba el instrumento legal que conectara a quien administra los dispositivos —el Ministerio de Seguridad— con quien puede ordenar su uso — los jueces del fuero penal—. Eso es lo que resuelve este convenio: un protocolo formal para que el Superior Tribunal de Justicia y todo el Poder Judicial sepan qué dispositivos existen, en qué casos pueden solicitarlos y cómo tramitarlos. Según explicó Sosa, contar con esta herramienta «amplía las posibilidades de la Justicia».
Participaron también los ministros del Tribunal Eduardo Allende, Carolina Monte Riso, José Guillermo L’Huillier y Víctor Endeiza; el procurador general, Eduardo Sebastián Cadelago Filippi; la defensora general, Marcela Torres Cappiello; y, por el Ministerio de Seguridad, el asesor legal Jesús Velázquez y el subdirector de Foros de Relaciones con la Comunidad, Ignacio Nieto. El convenio tiene una vigencia de un año, con posibilidad de renovación automática.
