La situación financiera de la provincia de San Luis atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos once años. En los primeros seis meses de 2025, los recursos percibidos por coparticipación federal y transferencias automáticas nacionales marcaron una fuerte retracción en términos reales, ubicándose por debajo de los registros de toda la última década.
Las proyecciones indican que esta tendencia negativa no solo persistirá, sino que se profundizará en el segundo semestre. Según estimaciones elaboradas por la Comisión Federal de Impuestos y los datos del Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central de la República Argentina, los recursos por coparticipación y transferencias automáticas caerán un 8,90% respecto a los niveles normales, si se excluyen los años excepcionales de 2020 (pandemia) y 2024 (crisis económica profunda). En relación al promedio de la última década, el retroceso será del 7,40%.
Esta caída tiene un fuerte impacto en la economía provincial porque alrededor del 80% de los ingresos de San Luis dependen de estas transferencias automáticas. La pérdida de poder adquisitivo en estos recursos se traduce en una menor capacidad para ejecutar políticas públicas, sostener programas sociales y garantizar servicios esenciales. Además, se prevé que no se alcanzarán las metas previstas en la Ley de Pre supuesto 2025, lo que tensiona aún más la planificación financiera.
En valores constantes y ajustados por inflación, los ingresos de este año serán los más bajos desde 2014. Incluso estarán por debajo de los del año 2020 — cuando la pandemia paralizó la economía global, pero se compensó parcialmente con Aportes del Tesoro Nacional— y de los del año 2024, que también fue de muy baja recaudación. Esta situación coloca al 2025 como el ejercicio de menor desempeño recaudatorio por transferencias nacionales en once años.
Frente a este contexto, el Gobierno de San Luis ya comenzó a delinear el presupuesto para el año próximo, y las primeras definiciones apuntan a una política fiscal extremadamente cautelosa. La Dirección de Presupuesto informó que el monto total proyectado para 2026 será equivalente al de este año, en términos nominales, debido a que no se esperan mejoras significativas en los ingresos. Esto implica, en la práctica, una pérdida real de capacidad financiera, ya que las erogaciones seguirán creciendo por efecto de la inflación.
Si bien podría haber una suba interanual en los recursos re caudados, esa variación respondería exclusivamente a la inflación, no a una mejora en la actividad económica o en la coparticipación. Por eso, el impacto real será neutro, sin margen de expansión presupuestaria. Este escenario obliga al Ejecutivo provincial a extremar los con troles sobre el gasto público. Las políticas de contención del gasto y priorización de áreas estratégicas serán claves para garantizar la sostenibilidad fiscal sin descuidar el funcionamiento del Estado.
El desafío no es menor: sostener servicios esenciales, atender las necesidades sociales y continuar con obras o proyectos productivos, en un marco de ajuste presupuestario obligado por factores externos. La administración de los recursos deberá ser quirúrgica, con decisiones fundadas en la eficiencia y la planificación responsable.
