El balance del primer semestre de 2026 sobre el funcionamiento del sistema de comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en San Luis refleja una contracción significativa en el volumen de litigios vinculados a accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Según datos oficiales del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, las presentaciones judiciales se redujeron de manera sideral: mientras que con el esquema anterior las demandas superaban las 3.000 causas, hasta la última semana informada solo habían ingresado aproximadamente 700 expedientes judiciales entre las tres jurisdicciones del territorio puntano.
Durante los dos primeros trimestres del año, un total de 2.235 personas afectadas por siniestros laborales o enfermedades profesionales recurrieron al sistema administrativo. En el primer trimestre se caratularon 853 expedientes a nivel provincial (625 en San Luis, 121 en Concarán y 107 en Villa Mercedes), mientras que en el segundo trimestre la cifra ascendió a 1.382 casos (838 en San Luis, 346 en Villa Mercedes y 198 en Concarán).
Del total acumulado, 545 trámites requirieron acuerdo u homologación ante la comisión médica para dar por finalizada la controversia. De ese grupo, el 90,33% de los expedientes resultaron homologados en sede administrativa. Este índice sitúa a San Luis como una de las provincias con mejor desempeño del país en materia de acuerdos, superando con holgura la media nacional que ronda actualmente el 80%.
Esta realidad contrasta con el panorama previo a la adhesión de San Luis a la Ley Nacional N° 27.348 impulsada por el gobernador Claudio Poggi. Bajo la normativa anterior, existía una única comisión médica no obligatoria en la capital, lo que provocaba que el 62% de los casos eludiera la instancia administrativa e ingresara directamente a juicio.
Descentralización, consenso y previsibilidad
Tras realizar una inspección presencial para constatar la labor de las dependencias, el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, destacó que el acuerdo rubricado con la SRT establecía un plazo de 180 días para la habilitación de tres comisiones médicas correspondientes a las tres circunscripciones judiciales de la provincia. Las sedes de San Luis, Villa Mercedes y Concarán se encuentran operando plenamente, garantizando el trámite administrativo previo y obligatorio antes de judicializar cualquier reclamo.
Amondarain subrayó la trascendencia del índice de homologación alcanzado: “Este número es muy importante porque significa que el 90,33% de los expedientes fueron homologados en las comisiones médicas de San Luis, lo que significa que nuestra provincia es una de las mejores a nivel nacional en acuerdos de homologación”. Asimismo, reafirmó que el informe remitido por el Superior Tribunal de Justicia evidencia la caída sustancial de la litigiosidad.
La directora de Relaciones Laborales, Ivana Balmaceda Amestoy, resaltó el impacto social y federal del nuevo esquema. Señaló que la apertura de sedes en Concarán y Villa Mercedes respondió a un lineamiento del Gobernador para descentralizar la atención que antes se concentraba en la capital.
Balmaceda Amestoy recordó que la gratuidad del procedimiento y el patrocinio letrado obligatorio para los trabajadores están plenamente garantizados. Además, remarcó que la adhesión normativa contó con el consenso de todas las cámaras empresariales y sindicatos.
La funcionaria sostuvo que la baja de la litigiosidad repercute positivamente en la previsibilidad de los costos de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) para las empresas que deciden radicar inversiones en San Luis, al tiempo que aclaró que la labor del Estado provincial no es punitiva, sino de acompañamiento para garantizar el éxito del sistema.
Convenio con Nación para acelerar causas y fortalecer el cuerpo pericial
Para profundizar la política de contención de la litigiosidad y agilizar los procesos derivados de accidentes laborales y enfermedades profesionales, la provincia de San Luis formalizó un convenio estratégico tripartito en Casa de Gobierno. El acuerdo fue firmado por el gobernador Claudio Poggi; el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Levingston; y el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Fernando Pérez.
La iniciativa respalda de forma directa la aplicación de la Ley N° 27.348 y la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, con el objetivo de unificar criterios diagnósticos y evaluar las incapacidades bajo una misma vara técnica oficial en todo el territorio. Los ejes clave del acuerdo establecen:
• Cuerpo Médico Especializado: El STJ creará el Área Especializada en Riesgos de Trabajo dentro del Cuerpo Profesional Forense. Estará integrada por médicos expertos abocados exclusivamente a peritar demandas por siniestros laborales mediante el uso estricto de los baremos nacionales oficiales (tablas normativas para graduar incapacidades).
• Capacitación Profesional: La SRT ofrecerá programas de formación especializada para profesionales periciales, en articulación con la Escuela de Capacitación del Poder Judicial.
• Financiamiento Mixto y Metas: Durante el primer año, la SRT aportará un tope de hasta $150 millones para cubrir gastos y el pago de pericias médicas que superen el piso de 160 evaluaciones mensuales (con una meta anual de 2.000 pericias). A partir de septiembre de 2027, la Provincia asumirá la sustentabilidad económica del área.
• Seguimiento e Integración Digital: Se constituirá un Comité de Control y Seguimiento conjunto para auditar los fondos, junto con una integración digital que permitirá a los jueces acceder directamente a las bases de datos estadísticos de la SRT.
El convenio tendrá una duración inicial de dos años con renovación automática. Al evaluar el alcance del convenio, el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, ponderó que «los tres poderes del Estado están pateando para el mismo arco» tras una iniciativa legislativa aprobada por unanimidad.
A su vez, el ministro del STJ, Eduardo Allende, indicó que el acceso directo a los archivos de la SRT permitirá agilizar significativamente las resoluciones judiciales. El gerente general de la SRT, Fernando Pérez, destacó que San Luis se consolida como una provincia modelo en el combate contra la sobrecarga judicial en el sistema de riesgos del trabajo.
