Este lunes, la causa que investiga el vaciamiento del Molino Fénix de Villa Mercedes tuvo una nueva audiencia, en la que las defensoras de uno de los ex funcionarios acusados cuestionaron el manejo de las pruebas en la investigación y hasta le solicitaron al juez interviniente que le restituyan el vehículo que le secuestraron al imputado.
La causa tiene a la ex diputada Anabela Lucero y a su pareja, Joaquín Beltrán, acusados por «Peculado», «Administración fraudulenta», «Abuso de autoridad» y «Malversación de caudales públicos» y a Exequiel Scarel, Enzo Lucero y Diego Torres acusados de «Peculado» y «Administración fraudulenta». De hecho el planteo de nulidad de pruebas fue hecho por las defensoras oficiales Cecilia Mithiaux y Noelia Páez, quienes representan a Scarel.
Las letradas le explicaron al juez de Garantías, Santiago Ortiz, que sus planteos no son más que para garantizar el debido proceso y que surgieron «luego de observar ciertas irregularidades con respecto a los procedimientos y al cumplimiento de normas jurídicas».
Respecto al manejo de las pruebas, sostuvo que «no cumplieron con el procedimiento estipulado y que no hubo descripción ni individualización de los elementos que se requerían secuestrar». También señalaron que dichos elementos probatorios no están resguardados ni conservados, todo lo cual lleva a su deterioro. Por eso requirieron que sean devueltos.
En tanto a la incautación de teléfonos, las letradas argumentaron que rompieron la cadena de custodia y violentaron las medidas de seguridad.
Los fiscales pidieron un cuarto intermedio para verificar y responder a los agravios de las defensores. El juez resolvió hacer lugar a lo requerido por la Fiscalía y fijó audiencia para el lunes 14.
