Este martes Diego Torres, uno de los pocos acusados por la megacausa de corrupción Molino Fénix que no está preso, apeló ante un Tribunal de Impugnación de Villa Mercedes el fallo por el que hace dos semanas la fiscalía lo imputó y hasta solicitó su prisión preventiva. A través de su representante, la defensora oficial Ximena Bertoli, expuso una catarata de argumentos por los que considera que la formulación de cargos hecha por el fiscal instructor José Olguín y su adjunto Marcelo Palacio Fernández es errónea. Entre esos puntos, resaltó su afirmación de que cuando trabajó en el Complejo Molino Fénix no lo hizo en carácter de funcionario, sino como cualquier otro empleado público que nunca estuvo a cargo de ninguna administración, ni mucho menos acceso al manejo de fondos.
Ya, desde el inicio, la letrada señaló que la resolución del juez de Garantías 4, Santiago Ortiz, de hacer lugar a las imputaciones por “asociación ilícita”, “administración fraudulenta” y “destrucción de evidencia”, ocasionó un daño irreparable, aún cuando la fiscalía no consiguió indicar claramente cuál fue la conducta de Torres en todo ese andamiaje de delitos. Dijo que el Ministerio Público Fiscal (MPF) no especificó la evidencia en la que basó su imputación y tampoco diferenció cómo afecta esa prueba a cada uno de los imputados.
Afirmó que Torres era un empleado público contratado y que jamás tuvo capacidad de administración. Explicó que en ese rol cumplió diferentes funciones en el Molino Fénix, siempre dentro de una estructura jerárquica, pero que en esa diversidad de tareas no estuvo la de disponer de fondos. Aclaró, además, que no contaba con una formación profesional, nunca fue funcionario ni tenía poder de decisión.
Indicó que, para respaldar sus afirmaciones, están las declaraciones de tres testigos que fueron compañeros de oficina de él. Esas personas, dijo, dieron cuenta de quién daba las indicaciones y que su defendido solo se limitaba a obedecer las instrucciones que le impartían sus superiores.
Luego, Bertoli mencionó cada uno de los delitos por los que está acusado su representado y trató de refutarlos:
- En cuanto a la asociación ilícita afirmó que no existe ni una prueba que acredite cuándo quedó configurada la misma y en qué momento su asistido expresó en forma libre y voluntaria su intención de formar parte de ella;
- Respecto a la figura de administración fraudulenta, consideró que el simple hecho de que una persona trabaje en una oficina administrativa no constituye un indicio de que tenga a cargo su administración;
- Y, en relación a la destrucción u ocultamiento de evidencia, aseveró que no hay evidencias de que Torres haya incurrido en tales delitos para obstaculizar la investigación.
Al tomar la palabra, el fiscal instructor ratificó que el hombre participó «en innumerables operaciones y en el manejo de la caja chica del Molino Fénix». Señaló que hasta existió «una entrega de vales» y que, por eso, la defensa no podría ni recurrir a la figura de obediencia debida.
En consecuencia, el funcionario público le requirió al tribunal que rechace el planteo de Bertoli. Los jueces Hernán Herrera, María Monserrath Bocca y Marcelo Bustamante Marone darán a conocer su resolución, a más tardar, en dos semanas.
