La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó el pedido de la Argentina para suspender el proceso de “discovery” posterior a la sentencia en la causa por la expropiación de YPF, donde el país fue condenado en primera instancia a pagar US$16.100 millones.
La decisión implica que continuará la etapa en la que los demandantes buscan información para identificar y eventualmente embargar activos argentinos en el exterior, mientras sigue en trámite la apelación contra el fallo definitivo.
Según surge de la resolución, tras la sentencia dictada el 15 de septiembre de 2023 la Argentina solicitó suspender su ejecución sin presentar una fianza completa. El 21 de noviembre de ese año, el tribunal concedió parcialmente el pedido: en lugar de exigir la garantía total, aceptó una prenda sobre la participación accionaria del Estado en YPF y sobre cuentas vinculadas al proyecto Yacyretá, además de condicionar la medida a que se impulsara una revisión acelerada en la apelación.
Sin embargo, la magistrada señaló que el Estado argentino no cumplió con esas condiciones. Por el contrario, volvió a pedir una exención total o una prórroga de 90 días, argumentando que la pignoración de activos requería una ley del Congreso. El planteo fue rechazado con el argumento de que Argentina no realizó esfuerzos concretos para satisfacer los requisitos fijados y que la sentencia no estuvo suspendida desde enero de 2024.
Preska sostuvo que el nuevo pedido constituye, en esencia, otro intento de obtener una suspensión sin garantía, algo que ya había sido denegado. También remarcó que la Argentina no presentó fundamentos válidos para reconsiderar las órdenes previas ni cumplió los criterios necesarios para justificar una medida cautelar de último momento.
La jueza advirtió que frenar ahora el discovery perjudicaría a los demandantes, que llevan más de dos años intentando ejecutar una sentencia firme. También rechazó el pedido alternativo de suspender la obtención de comunicaciones personales y los procedimientos por desacato.
EE.UU: la Corte declaró ilegales los aranceles de Trump
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, bajo una ley diseñada para emergencias nacionales, son ilegales.
En un fallo de 6 a 3, el máximo tribunal declaró inconstitucionales las políticas arancelarias bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), anulando oficialmente los aranceles globales que Trump ha introducido desde abril, reportó la agencia Xinhua.
Los jueces dictaminaron que el presidente no tenía la autoridad, bajo la IEEPA, para imponer aranceles de importación a productos de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.
“El presidente (Trump) se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió el presidente del tribunal John Roberts para el tribunal. “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.
La votación confirmó que es derecho del Congreso imponer impuestos, no del presidente.
