Ya son cerca de 400 los funcionarios del Estado provincial que se sometieron a los análisis toxicológicos establecidos por la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, sancionada por la Legislatura provincial a instancias del gobernador Claudio Poggi ni bien comenzó su gestión en diciembre de 2023.
El viernes pasado se realizó la cuarta convocatoria aleatoria a los laboratorios de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para la toma de muestras que serán sometidas a análisis. En la primera jornada, 60 funcionarios fueron sometidos a los análisis, en la segunda realizaron pruebas a 180; en la tercera, a otros 60 más; y finalmente, el viernes completaron los exámenes otros 60 funcionarios. De esa forma alcanzaron un total de 360 análisis hasta el momento.
La iniciativa busca garantizar la toma de decisiones en cargos públicos sin la influencia de sustancias prohibidas, lo que promueve la ética en la gestión pública. Es parte del compromiso con la transparencia y la lucha contra el narcotráfico, asumida por el Gobierno, y exige a funcionarios de los tres poderes del Estado someterse a análisis toxicológicos.
Los exámenes consisten primero en la toma de muestras, que son recopiladas en el laboratorio de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la UNSL, donde profesionales altamente capacitados realizan los análisis toxicológicos con estrictos controles, para garantizar resultados precisos y confiables.
“La ejecución de la ley del narcotest está avanzando con total normalidad. Es importante destacar el trabajo de la UNSL, que nos brinda garantías de trazabilidad y transparencia en la realización de los análisis”, señaló el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla. Subrayó que todo el mecanismo está articulado con el Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA): “Ellos son responsables de definir el diagnóstico y la estrategia terapéutica de los casos que resulten positivos, una labor que contribuye significativamente al mejoramiento de la prestación del servicio público por parte de los funcionarios de los tres poderes del Estado”, destacó.
Si bien la Caja Social realiza un sorteo para ir convocando en tandas a los funcionarios, “todos estamos obligados a realizarnos los análisis toxicológicos y el sorteo solo tiene como propósito determinar el orden en que debemos acudir”, afirmó Bazla.
La iniciativa asumida por el Gobierno de San Luis ha llamado la atención y ha despertado el interés de aplicarla en otras provincias.
“Es sorprendente, seguimos recibiendo consultas de diferentes lugares del país que ya están proyectando imitar el ejemplo de San Luis. De hecho, durante el Foro Nacional Anticorrupción atendí a seis fiscales de otras provincias que nos consultaban sobre los detalles de la ejecución de esta ley”, dijo el secretario de Ética Pública y Control de Gestión.
