El Gobierno de San Luis va a dotar a la Policía y al Servicio Penitenciario Provincial de nuevo equipamiento para las prácticas de su personal, lo que incluye armamento no letal, anunció ayer el gobernador Claudio Poggi, en el acto de apertura del ciclo lectivo en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) ‘Juan Pascual Pringles’.
“Este Instituto de Seguridad Pública tiene que estar siempre lleno de vida, como empezó o retomó el año pasado. Este Instituto es un centro de actualización. El delito se capacita y se perfecciona, y nuestra seguridad tiene que ir más adelante que la capacitación de los delincuentes. Por eso este Instituto forma a los recursos humanos nuevos, futuros servidores públicos de nuestra seguridad, y también a nuestros agentes activos, para que estén en permanente capacitación”, dijo el gobernador.
Y agregó: “El gobernador que me precedió no vino nunca en ocho años. Yo en un año y tres meses vine cuatro veces, y eso significa cercanía con la institución. Al ISSP, todo el respaldo del Gobierno de la Provincia”.
La institución formadora de agentes de Policía y del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) aúna dos de las políticas centrales que impulsa la actual gestión del gobierno provincial: la apuesta por la formación y la firme decisión de devolver a San Luis su carácter de provincia segura.
En el acto de apertura, realizado ayer en la Plaza de Armas, el Primer Mandatario firmó el decreto para la provisión de nuevo equipamiento para las dos fuerzas de seguridad. Se trata de material para que los efectivos en formación puedan hacer sus prácticas de modo adecuado y seguro. Entre otras cosas, van a comprar armas no letales. El Gobierno invertirá $137 millones en la compra de esos insumos.
En el inicio de la ceremonia, el comisario inspector Martín Moyano le presentó la Agrupación ‘Coronel Juan Pascual Pringles’ al Gobernador, quien saludó formalmente al cuerpo. Luego del Himno Nacional Argentino, dio un discurso el rector del ISSP, Gerardo Velázquez. “El vacío educativo que sufría el Instituto está quedando atrás. A los cursantes se los respeta y contiene, tienen una beca digna, se los acompaña pedagógicamente. Cada cadete tiene su libreta de calificaciones y controla su propio recorrido académico”, afirmó.
Sobre las obras realizadas, Velázquez repasó que “los techos ya no se llueven, las cloacas cumplen sus funciones, las ratas ya no juegan en el polideportivo ni tampoco los pericotes andan haciendo cuerpo a tierra en la plaza de Plaza de Armas”.
“Además -agregó-, siempre hay un plato de comida caliente. Nadie se lleva nada a la casa, hay colchones, sábanas y almohadas nuevas, espacios, lugares refaccionados y dignos para transitar los momentos formativos. No hay nada que extrañar de la anterior gestión”, aseveró el rector, dando cuenta, en sus palabras, de cómo hallaron la institución en 2023 y cómo está hoy.
NANCY SOSA, MINISTRA DE SEGURIDAD
“La Justicia libera al 90% de los detenidos antes de las 24 horas
Durante el acto de inicio lectivo del instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) la Ministra de Seguridad Nancy Sosa brindó datos de la acción preventiva que despliega la Policía en los últimos siete meses dentro del territorio sanluiseño. “A través de la tarea diaria, se logró la detención de 1.169 personas en plena acción de delito, robando. Tras la detención y comunicación a la Justicia, el 90% de esos detenidos antes de las 24 horas ya habían recuperado su libertad y solo 188 se le dictó una prisión preventiva de 30, 60 ó 90 días, muchos de los cuales ya han recuperado la libertad total”.
La Ministra criticó a la Justicia de San Luis y aseguró que “continúa anclada en la doctrina garantista que favorece al delincuente y no a la protección de la víctima, que es a quien se dirigen los esfuerzos de la Policía. Las inversiones en seguridad no serán suficientes si la Justicia continúa con la puerta giratoria”.
Sosa se diferenció de la gestión anterior. “No nos parecemos en nada”, dijo. Y agregó: “Les recuerdo a todos que, en la gestión del exgobernador, Alberto Rodríguez Saá y la de sus buenos muchachos, en el servicio penitenciario provincial funcionaba una cocina de cocaína. Se votó una ley de parajes para favorecer a algunos presos, para que cumplieran su pena en las localidades del interior de San Luis y no tras las rejas. Y se encerró además a los policías en casetas o nodos sin baños, mientras la droga circulaba libremente por los barrios de San Luis”.
