La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde el jueves próximo, advirtió que se trata de la investigación “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.
Cuadernos es “solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, agregó en un informe que presentó su fiscalía con un detalle del juicio que se iniciará el 6 de noviembre a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, procesada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo, es decir, recepción de pagos ilegales, informaron fuentes judiciales.
“Consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, destacó.
En la primera parte del informe la fiscal hizo mención a las características de la investigación que ilícita y cohecho pasivo, es decir, recepción de pagos ilegales, inforllega a debate oral con un total de 87 acusados, entre ellos la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta.
También llegan a juicio los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros ex funcionarios. Se juzgarán 540 hechos y también llegan al estrado 65 empresarios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Oscar Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.
Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.
Todos llegan a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7 “acusados de liderar, organizar e integrar una asociación ilícita -de acuerdo a cada caso- que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales”, resumió el informe.
