El expresidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez fueron denunciados penalmente por el supuesto uso del avión presidencial Tango 01 para realizar encuentros privados durante 2020, en plena vigencia de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.
La presentación fue realizada por el abogado Ignacio Barrios “contra quienes resulten responsables”, luego de que el periodista Luis Gasulla difundiera información sobre dos presuntos eventos ocurridos el 14 de julio y el 10 de agosto de 2020, cuando la aeronave permanecía estacionada en El Palomar.
Según la denuncia, durante esos episodios se habrían utilizado recursos y servicios del Estado para organizar las reuniones, entre ellos personal de aviación, energía, equipamiento, transporte y alimentos.
Uno de los hechos señalados habría ocurrido el 14 de julio, el mismo día en que se realizó la conocida celebración en la Quinta de Olivos. De acuerdo con la presentación, Yáñez habría utilizado el Tango 01 durante esa jornada para un encuentro privado.
El escrito sostiene que los preparativos se habrían extendido durante tres días e incluido el traslado de una escalera, conexión de equipos de energía, acondicionamiento de la cabina y provisión de alimentos, bebidas y otros elementos.
Entre los principales denunciados figuran Yáñez, Fernández y Leonardo Barone, quien fue piloto del exmandatario y director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia.
Aunque la denuncia sostiene que Fernández no habría participado directamente del encuentro, plantea que pudo haber intervenido en la autorización del uso del avión y que los gastos podrían haber sido afrontados mediante fondos de la Secretaría General.
También se investiga un segundo episodio, ocurrido el 10 de agosto de 2020, que habría tenido como protagonistas a personas del entorno de Yáñez.
La presentación judicial solicita que se determine si los hechos efectivamente ocurrieron y, en ese caso, quiénes participaron y qué recursos públicos fueron utilizados. Para ello, reclama documentación oficial, registros técnicos, testimonios y peritajes.
El abogado también advirtió que las imágenes y videos mencionados públicamente como posibles pruebas no fueron difundidos con sus soportes originales, metadatos ni elementos que permitan establecer su procedencia y cadena de custodia.
