La Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía de la Cámara de Diputados comenzó a tratar el proyecto de Ley “Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar”.
Además de los integrantes de la comisión participaron también representantes de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Luis, la Asociación de Docentes Universitarios de la UNSL, UPCN, Centro de Almaceneros San Luis, Cámara de Comercio de San Luis (CAME) y ATE.
“El encuentro nos permitió escuchar las distintas miradas y aportes vinculados a la iniciativa, en el marco del tratamiento legislativo del proyecto”, destacó la presidente de la comisión, Eugenia Gallardo, sobre el proyecto enviado por el gobernador Claudio Poggi que establece un esquema diseñado para aliviar la economía de los hogares sanluiseños mediante la articulación entre el Estado y el sector financiero.
La propuesta combina dos políticas públicas complementarias: el programa de Desendeudamiento Familiar, enfocado en resolver el sobreendeudamiento de la población, y el de Impulso al Consumo Familiar, orientado a dinamizar las ventas en los comercios locales.
El Programa de Desendeudamiento Familiar está dirigido específicamente a ciudadanos y familias que mantienen compromisos financieros en situación de morosidad. Se basa en un estímulo fiscal directo: el Gobierno otorga exenciones en tributos provinciales a las entidades crediticias que presenten planes de refinanciación. A cambio, y como condición indispensable estipulada por ley, las instituciones deben trasladar de forma obligatoria este beneficio al vecino endeudado.
Por su parte, el programa de Impulso al Consumo Familiar actúa como la contraparte dinamizadora de la medida. Con el objetivo de que el alivio financiero familiar se convierta en reactivación económica, se convoca a las entidades bancarias y financieras adheridas al plan de desendeudamiento a poner a disposición de los clientes promociones, esquemas de descuento y reintegros para las compras en el comercio local.
Para sostener e incentivar estas promociones comerciales, el Estado provincial compensará al sector financiero otorgando un crédito fiscal equivalente al 25% del monto total consolidado que cada entidad destine a las acciones de fomento del consumo.
De esta manera, la articulación de ambos programas permite que el saneamiento económico de las familias en mora restituya su capacidad de pago y de acceso al crédito formal, canalizando simultáneamente esos recursos recuperados hacia el fortalecimiento del circuito comercial y el consumo en toda la provincia.
