El Gobierno de la Provincia de San Luis acciona por la vía judicial contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires. La demanda, coordinada entre la Fiscalía de Estado y la Dirección de la Obra Social del Estado Provincial (DOSEP), tramita ante la Justicia Federal y busca recuperar las acreencias por atenciones médicas, farmacéuticas y bioquímicas otorgadas a bonaerenses que residen en territorio sanluiseño.
La cifra del reclamo alcanza los $485 millones, monto que incluye los intereses moratorios compensatorios y las costas del proceso legal. Para dar detalles del caso, este lunes dieron una conferencia de prensa la ministra de Salud, Teresa Nigra; la directora de DOSEP, Juliana Gatica; y el secretario de Asuntos Judiciales de la Fiscalía de Estado, Javier Suárez Ortiz.
En cuanto al origen del conflicto financiero, Nigra explicó que el desfasaje tiene sus raíces en un convenio de reciprocidad firmado en 2001 en el ámbito del Consejo de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina (COSPRA).
Aquel acuerdo estableció una cápita mensual fija de $35 por afiliado, valor que no fue actualizado a lo largo de casi 25 años. Pese a que en 2017 se acordó migrar a un esquema de pago por prestación efectivizada, el organismo bonaerense continuó abonando la cifra histórica. “En la actualidad, en la provincia, hay 425 afiliados de IOMA que residen en San Luis, mientras que 24 afiliados de DOSEP residen en la provincia de Buenos Aires”, dijo la ministra Nigra.
Nigra remarcó que la decisión de acudir a la Justicia Federal responde al agotamiento de las instancias administrativas. “Se han hecho numerosos llamados a través de la obra social DOSEP a IOMA sin ninguna respuesta, por lo cual se decidió iniciar esta demanda”, afirmó.
Números
Nigra advirtió que el monto demandado no es definitivo: “Esto, una vez que avance el juicio, puede llegar a ser un importe mayor”. No obstante, garantizó la continuidad del servicio. “A pesar de que el IOMA no transfiere los aportes de sus afiliados, la Provincia nunca dejó de realizar las prestaciones, nunca las cortó”, dijo.
Los argumentos de Fiscalía de Estado
El reclamo abarca más de 13.000 prestaciones médicas, bioquímicas y farmacéuticas costeadas con fondos provinciales. Desde el ámbito legal precisaron el impacto del incumplimiento por parte de las autoridades bonaerenses.
“Tengamos en cuenta que las obras sociales de los estados provinciales tienen desde 2001 acuerdos entre ellas para brindar cobertura a los afiliados que residen en sus provincias. En este caso estamos hablando de más de 400 afiliados que pertenecen a la obra social IOMA que residen en la provincia de San Luis”, puntualizó Suárez Ortiz.
El funcionario reveló que, del total millonario que se debe, “IOMA solo ha abonado $1.500.000”. Explicó además que mantener el valor arancelario de $35 “nunca se actualizó, lo que claramente genera un enorme desequilibrio”, afectando directamente a la obra social sanluiseña.
