La medida, alineada con el decreto del gobernador Claudio Poggi, busca fortalecer la transparencia en la función pública.
El Concejo Deliberante de Villa de Merlo aprobó el jueves, por unanimidad, un proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos aleatorios para todos sus integrantes.
Esta normativa se enmarca en el decreto emitido por el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, que impone controles similares para los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, con la posibilidad de remoción en caso de que los estudios detecten sustancias prohibidas.
La ordenanza, impulsada por el interbloque UCR- Avanzar, determina que los análisis se llevarán a cabo al inicio de cada período legislativo y de manera aleatoria a lo largo del mismo. Las evaluaciones serán realizadas por una institución pública independiente y reconocida, asegurando la imparcialidad y confidencialidad de los resultados. Si el primer examen resulta positivo, se procederá a realizar una prueba confirmatoria. Si se corrobora la presencia de sustancias, el concejal será apartado temporalmente de sus funciones hasta que se garantice su recuperación. Además, la norma contempla asistencia para quienes obtengan resultados positivos, facilitando el acceso a tratamientos adecuados. En tanto que garantiza que los datos se manejarán con estricta reserva, a fin de proteger la identidad de los involucrados. La implementación de estos controles se realizará de forma aleatoria y sin discrecionalidad, asegurando equidad en su aplicación.
En su artículo 7, la ordenanza también propone a otros poderes del municipio adoptar medidas similares: “Invítase a las autoridades de los demás poderes públicos del municipio y a los funcionarios ejecutivos y judiciales a implementar acciones similares, con el fin de establecer un marco común de responsabilidad y ética en el desempeño de sus funciones”.
