El Gobernador Claudio Poggi le aceptó la renuncia al procurador General de la Provincia, Luis Martínez, quien presentó su dimisión con fecha 28 de febrero. Su salida llega un día después de un fuerte mensaje del gobernador Claudio Poggi, quien reiteró sus críticas sobre el funcionamiento de la Justicia y en especial sobre el rol que vienen desempeñando los fiscales, cuyo jefe es –hasta el 28 de febrero según la fecha de la renuncia- el propio Martínez.
La renuncia del procurador fue dirigida al Gobernador (es el Ejecutivo quien tiene la facultad de nombrarlo, con acuerdo del Senado) y se conoció pasado el mediodía.
Martínez había asumido en octubre de 2020. Llegó como fruto de una aceitada relación con el poder político de turno (encabezado por el ahora exgobernador Alberto Rodríguez Saá), al punto que era un reconocido militante del PJ puntano: fue apoderado partidario e incluso diputado y jefe de la bancada peronista. Esos antecedentes, reñidos con la ética para desempeñarse en la Justicia, no fueron un obstáculo para que se sentara en el sillón del Procurador.
En los últimos meses la labor de Martínez quedó en el ojo de la tormenta a partir de una serie de situaciones irregulares como el sostenimiento y nombramiento de fiscales adjuntos denunciados por violencia de género. También por la lentitud con que los fiscales se están moviendo en la batería de causas por posible corrupción iniciadas contra funcionarios del gobierno de Rodríguez Saá.
Decreto-Renuncia-Procurador-General
Cómo es el proceso para designar un reemplazo.
El reemplazo del Procurador General está normado en la Ley IV 456, sancionada en 2005. Definir el nombre del nuevo funcionario judicial es una facultad del Gobernador con acuerdo del Senado.
Según la ley, producida una vacante “en un plazo máximo de 30 días, se publicará en el Boletín Oficial y otro diario de circulación provincial, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de la persona que se encuentre en consideración para la cobertura de la vacancia”.
Quien sea postulado deberá presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios y familiares. Y adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que pertenece o perteneció y en general, “cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio”.
A partir de allí se abrirá un periodo de 15 días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, donde se podrá presentar ante el gobierno, “por escrito y de modo fundado y documentado”, observaciones, cuestionamientos o adhesiones a quien es postulado para el cargo.
Una vez cerrado ese periodo el Gobernador deberá resolver sobre su postulación y en caso de ratificarla “se enviará el pliego del elegido con todo lo actuado al Senado a los fines de que preste acuerdo previa audiencia pública en la que el propuesto defenderá su nominación y responderá las observaciones formuladas”.
