Por decisión del presidente Javier Milei, la funcionaria dejó su cargo al frente del ente recaudador y será reemplazada por Juan Pazo.
El Gobierno explicó mediante un comunicado, por qué echó a Florencia Misrahi de ARCA, señalando que “la solución al déficit fiscal no es buscar nuevas formas de recaudación”, en tanto que aseguraron que no van “a perseguir a los negocios digitales”.
Agregaron que hubo diferencias en el rumbo de la gestión y reafirmaron su “compromiso para trabajar en un régimen tributario simplificado”.
“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei ha tomado la decisión de desvincular a la titular de ARCA, Florencia Misrahi, y a otros dos funcionarios bajo su órbita, por diferencias en el rumbo de la gestión”, señalaron a través de la red social X.
Aclararon que “la decisión de modificar el régimen tributario de streamers e influencers digitales fue tomada de manera inconsulta, y será revertida de manera inmediata tras su salida”.
Además, destacaron a su reemplazo, Juan Pazo, quien “estuvo desde inicios del gobierno a cargo de la Secretaría de Coordinación de Producción y había pasado recientemente a la Cancillería para asumir la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales”.
La Casa Rosada hizo hincapié en que “este Gobierno no va a perseguir a las nuevas formas de negocios digitales y reafirma su compromiso para trabajar en un régimen tributario simplificado.”
Misrahi fue desplazada por impulsar la resolución 5607/24, que incluye servicios digitales al Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) para que comiencen a pagar impuestos. Se trata de las actividades relacionadas con la transmisión en vivo de programas a través de plataformas de streaming, la gestión de criptoactivos y la publicidad con contenido audiovisual.
La Casa Rosada asegurö además que eliminará la Cuenta de Jerarquización de las autoridades superiores, pero mantendrá el esquema para los empleados de planta. Se trata del porcentaje de la recaudación que se distribuye entre el personal, que complementa su remuneración. Fue establecido en un 0,75% en 2001 y el oficialismo lo redujo en junio al 0,65% a través de una resolución.
