La Libertad Avanza decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía modificar el régimen de tierras rurales y flexibilizar las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros. La decisión fue tomada luego de que el oficialismo confirmara que no reunía los votos necesarios para aprobar esa reforma en el Senado.
La definición se alcanzó durante una reunión encabezada por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a representantes de los espacios aliados. Según fuentes legislativas, varios gobernadores instruyeron a sus senadores a rechazar el capítulo referido a la extranjerización de tierras, que habilitaba la venta de hasta el 25% de las tierras rurales a ciudadanos y empresas extranjeras.
Con este escenario, el Gobierno optó por avanzar únicamente con los artículos que cuentan con mayores posibilidades de ser aprobados. Entre ellos figuran las modificaciones al Código Civil y Comercial vinculadas a los procedimientos de desalojo, la escrituración de inmuebles, el régimen de expropiaciones, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.
El revés representa un nuevo obstáculo para el oficialismo, que ya había decidido eliminar del proyecto otro de sus puntos más sensibles: la reforma de la ley de barrios populares. Además, deja en evidencia las dificultades para construir consensos con los bloques dialoguistas y con los gobernadores que hasta ahora habían acompañado parte de la agenda legislativa del Ejecutivo.
Entre los mandatarios que expresaron su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras se encuentran Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén), cuyos representantes en la Cámara alta anticiparon que no acompañarían la iniciativa.
Uno de los principales impulsores de la reforma era el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien promovía cambios profundos en el régimen de tierras e incluso había planteado originalmente eliminar cualquier límite a la adquisición de campos por parte de extranjeros.
A través de un comunicado, el oficialismo sostuvo que la decisión de postergar el tratamiento del capítulo sobre tierras rurales fue adoptada “por consenso” entre los bloques aliados y aclaró que la medida “no implica su eliminación del proyecto”, sino la intención de seguir trabajando el texto para alcanzar una redacción con mayor respaldo político.
Los gremios sostienen la marcha pese a los cambios en la Ley de Tierras
Si bien el Gobierno dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado, eso no cambió la movilización estipulada al Congreso por parte de gremios y organizaciones sociales, que rechazan la totalidad de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
“Se sostiene la movilización”, expresaron desde el entorno de uno de los dirigentes de la CGT, una de las centrales obreras que confirmó presencia en Parlamento para hoy a las 14. En el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), grupo de gremios distanciados de la conducción cegetista, el diagnóstico es similar al de la calle Azopardo: van a protestar frente el Parlamento a partir del mediodía ya que continúan en el texto aquellos artículos que consideran “nocivos”.
Este grupo de “duros” del gremialismo mencionó las partes del texto que determinan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, la limitación de la capacidad del Estado de realizar expropiaciones y las modificaciones en la ley de fuego para habilitar la venta de tierras quemadas, entre otros puntos. Con esas normativas en pie, el Fresu considera imprescindible mantener la movilización.
En la CTA Autónoma también apuestan a sostener lo planificado para este jueves y en las organizaciones sociales la idea es la misma: construir una gran marcha que refleje el malestar social contra el gobierno de Javier Milei. “Se mantiene la convocatoria hasta nuevo aviso”, expresaron, a su vez, en la UTEP.
