El Senado aprobó por unanimidad la nueva ley de Discapacidad

La iniciativa recibió el respaldo de los 71 senadores presentes y mantiene prácticamente todo el esquema de beneficios vigente. La norma había sido rechazada por el Gobierno nacional el año pasado.
19 de noviembre de 2026
Sesión en el Senado por la ley de emergencia en discapacidad.

El Senado de la Nación aprobó este jueves, por unanimidad, una nueva ley de Discapacidad que garantiza la continuidad de prácticamente todos los beneficios contemplados en la legislación actual, cuyo vencimiento está previsto para diciembre.

El proyecto obtuvo 71 votos afirmativos y contó con el acompañamiento de todos los legisladores presentes durante la sesión.

La aprobación se produce un año después de que el Gobierno nacional rechazara la ley de emergencia en Discapacidad. En esta oportunidad, el oficialismo acompañó la continuidad del esquema de prestaciones y beneficios, en medio de los reclamos sostenidos por organizaciones y colectivos del sector.

La sesión comenzó pasadas las 11 y contempló, además, el tratamiento de distintas iniciativas vinculadas con propiedad privada, cooperación internacional en materia de patentes y otros proyectos legislativos.

Antes del debate sobre Discapacidad, la Cámara también avanzó con el tratamiento de pliegos judiciales y aprobó el ascenso del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar. La votación obtuvo 59 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.

Asimismo, los senadores acordaron dar tratamiento preferencial a diferentes proyectos durante la próxima sesión, prevista para el 26 de noviembre. Entre ellos figura la prórroga del Estatuto del Periodista.

Detalles

El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, réplica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.

De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.

Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria -vinculado al IPC- y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

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