El Gobierno nacional homologó el nuevo acuerdo salarial para los trabajadores estatales comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que había sido alcanzado en diciembre pasado. La medida fue oficializada a través del Decreto 37/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Según lo dispuesto, el personal de la Administración Pública Nacional percibirá un incremento salarial del 2% y el pago de una suma fija de $50.000, correspondiente al mes de diciembre.
El entendimiento surgió de la firma del Acta de Acuerdo en el ámbito de la Comisión Negociadora Sectorial, cuyas reuniones se desarrollaron entre el 28 de noviembre y el 26 de diciembre de 2025. De la negociación participaron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Desregulación y el Ministerio de Economía.
La propuesta fue aceptada por UPCN, según consta en el acta de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social incorporada como anexo de la normativa. En contraposición, ATE rechazó el acuerdo salarial durante la última audiencia.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza el resultado de la paritaria y afirmó que “el regalo para las Fiestas de parte del Gobierno fue una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce”.
“En 2025 quedamos 14 puntos por debajo de la inflación y desde que asumió Milei perdimos cuatro salarios completos. Es muy difícil aceptar que existan sindicatos dispuestos a avalar semejante entrega”, sostuvo Aguiar, quien apuntó directamente contra UPCN y advirtió que el aumento “anticipa un inicio de año altamente conflictivo”.
Pese al rechazo de ATE, en el acta se dejó asentado que “se tiene por perfeccionado el presente acuerdo”, quedando homologado por el Estado empleador.
La norma también prorrogó la vigencia de artículos clave del convenio SINEP e incorporó el artículo 24 bis, vinculado a las condiciones de carrera y promoción del personal, postergando modificaciones previstas en el marco de una reforma integral del sistema.
En paralelo, mediante el Decreto 36/2026, se actualizaron las escalas salariales de los profesionales residentes nacionales del sistema de salud, con haberes que desde diciembre oscilan entre $1.090.292 y $1.437.773, según la categoría, y se fijó en $771.912 el tope para el pago de servicios extraordinarios.
Desde UPCN aceptaron la propuesta, mientras que ATE la rechazó.
El Gobierno Nacional define la estrategia para diseñar el proyecto de Ley Penal Juvenil que debatirá con la oposición para avanzar en la conquista de las voluntades que necesita para aprobar el proyecto.
Según se supo, en Casa Rosada se esperanzan con poder sintetizar las normativas presentadas en la materia para lograr reducir la edad de imputabilidad. Si bien el ideal del presidente Javier Milei es bajarlo a los 13 años, en el oficialismo saben que el consenso adquirido hasta entonces por todos los sectores se extiende hasta los 14.
“Hay varios proyectos. La idea es unificar y aprovechar para construir los consensos. Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos empezar a generarlos”, sostuvo ante esta agencia una importante fuente involucrada.
No es la primera vez que el oficialismo involucra a la oposición con este tema. En agosto de 2024, la Cámara de Diputados habilitó a un debate similar con la oposición y en mayo de 2025 conquistó dictamen.
Si bien el ideal es cumplir con la aprobación de la Ley Penal Juvenil en febrero, por los pasillos de Balcarce 50 anticipan que los plazos legislativos son complejos y que podrían dificultar la aprobación. Aún con la estrategia en pleno debate hay quienes creen que el tratamiento podría extenderse durante el período ordinario que iniciará el 1° de marzo.
