El Senado aprobó la ley que busca que quienes toman decisiones que afecten a los sanluiseños lo hagan sin estar influenciados por el consumo de drogas.
Los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deberán realizarse periódicamente exámenes toxicológicos que detectarán si consumen drogas.
Así lo establece la ley que sancionó este martes la Cámara de Senadores. El proyecto denominado “Ley de Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico” estipula exámenes anuales y obligatorios, como una medida para garantizar su integridad en la lucha contra las drogas.
El gobernador Claudio Poggi, en su discurso del 1º de abril, ya había adelantado que haría propio este proyecto y firmó un decreto que establece que los funcionarios pertenecientes al Ejecutivo provincial deben someterse a estos exámenes anualmente. Con la aprobación de la ley el llamada “narcotest” será obligatorio también para funcionarios del Poder Legislativo y Judicial. Es decir que tanto el Gobernador como sus ministros, diputados, senadores jueces y magistrados deberán pasar por los exámenes, sin excepción. Entre los puntos mas importantes de la ley se destacan:
*Los exámenes toxicológicos serán de carácter obligatorio y se realizarán de manera anual y aleatoria. El objetivo es asegurar que la selección de los funcionarios para los tests sea transparente e igualitaria.
*Los tests se realizarán en instituciones públicas que no dependan del Estado provincial, para asegurar la independencia de los resultados. En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales en un funcionario, las autoridades correspondientes deberán aplicar medidas de contención y asistencia, como el otorgamiento de licencias, la suspensión temporal de funciones, o incluso el cese en el cargo, dependiendo del caso y conforme a la legislación vigente y la Constitución Provincial.
* Se garantiza que toda la información obtenida será tratada con estricta confidencialidad -tal como lo establece la Ley Nacional de Protección de Datos Personales- para proteger la privacidad de los resultados de los funcionarios.
Impresiones en el recinto
En el recinto de Senadores el senador por Junín, Sergio Guardia, resaltó la importancia y necesidad de contar con funcionarios competentes y sanos para desempeñar adecuadamente sus funciones. Con este proyecto se pretende evitar que el consumo de sustancias ilegales se establezca en quienes ocupan cargos políticos, ya que su actuación debe estar libre de cualquier tipo de influencia externa y deben poder tomar decisiones que impacten en la vida de los ciudadanos con plena responsabilidad y transparencia. “No se puede enfrentar un problema cuando de alguna manera se está involucrado en él”, indicó.
Guardia explicó que esta iniciativa no es la primera que se está llevando adelante en nuestro país. Las provincias de Tucumán y Tierra del Fuego ya cuentan con legislaciones similares.
Además, en la ciudad de Villa Mercedes se sancionó una ordenanza que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas ilegales como requisito para la permanencia en la función pública.
BOLETA ÚNICA Y FIN PARA LA LEY DE LEMAS
Media sanción para la reforma electoral
Por unanimidad, el Senado dio media sanción al proyecto de reforma del sistema electoral que elimina la Ley de Lemas y establece la Boleta Única de Papel (BUP).
La BUP reemplaza a las boletas partidarias tradicionales: en lugar de múltiples boletas, los votantes encontrarán en una sola hoja todas las opciones de candidatos lo que permite también seleccionar a los postulantes de forma más clara, al reducir el riesgo de faltantes o manipulación de boletas en el cuarto oscuro.
El senador por Pueyrredón, Martín Olivero, señaló que la BUP también implica una mayor igualdad para todas las fuerzas políticas. “Este sistema termina con las denuncias de faltante de boletas y con el voto cadena. Además, el puerta a puerta ya no será necesario; nadie tendrá que distribuir boletas. Esto permitirá que incluso los partidos más pequeños, que no siempre pueden contar con fiscales en todos los establecimientos, no necesiten reponer boletas o enfrentar la situación de quedarse sin ellas, algo que se denunció en las elecciones anteriores”, aseguró.
La eliminación de la Ley de Lemas le pone fin al sistema utilizado en 2023 que permitía armar listas internas para sumar votos bajo una misma agrupación, sin que siempre resultara electo el candidato más votado. Esa modalidad impuesta por la gestión de Alberto Rodríguez Saá en las últimas elecciones fue considerada “vetusta y tramposa” por el gobernador Claudio Poggi.
El proyecto también propone que la paridad de género, que asegura una representación equitativa de hombres y mujeres en las listas de candidatos, se mantenga hasta el momento de oficializar las listas, sin que luego sea modificado el resultado electoral en base a este criterio.
