La exintendenta de Fraga, Antonella Gil Rosino, fue imputada por tres delitos en perjuicio de la administración pública, ya que habría falsificado facturas y tickets para desviar fondos del Estado en su propio beneficio.
La jueza de Garantía N° 4 de San Luis, Luciana Banó, resolvió tener por formalizada la investigación penal preparatoria contra Gil Rosino, por los hechos expuestos por la fiscal de Instrucción N° 6, Linda Maluf, y bajo la calificación provisoria de los delitos de peculado, falsificación de documento y uso de documento falso, en calidad de autora.
En su teoría del caso, la fiscal sostuvo que la mandataria municipal habría encabezado una maniobra fraudulenta destinada a desviar fondos públicos durante el tercer y cuarto trimestre de 2022.
Según expuso Maluf, la imputada “aprovechando la posición que ocupaba y con la intención de desviar los fondos públicos que le eran confiados, se dispuso a confeccionar una cantidad aproximada de 37 documentos falsos, tales como tickets y facturas”, los cuales luego eran utilizados para justificar gastos ante el Tribunal de Cuentas.
Otro de los puntos centrales de la imputación es la falta de registro de $2.300.000, correspondientes al cobro de un cheque emitido a favor de la Municipalidad de Fraga. Si bien el dinero fue percibido, “dicho ingreso en efectivo no figura en el libro de caja”, por lo que, según la fiscal, “ese dinero evidentemente y a sabiendas también fue desviado de manera intencional”.
