A más de nueve años del atroz femicidio que conmocionó a La Toma y a toda la provincia de San Luis, la Justicia resolvió otorgarle el beneficio de salidas transitorias a Nahir Nazareno Pérez, el joven condenado por el asesinato de Carla Pereira. La medida -firmada en los primeros días de octubre de 2026- reabrió heridas profundas en la comunidad y desencadenó el repudio de los familiares de la víctima, quienes denuncian sentirse desprotegidos y revivir una pesadilla interminable.
La decisión judicial y el sorpresivo giro de la Fiscalía
La resolución fue dictada por la Dra. María Itatí Zudaire Carricaburu, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1. Durante la audiencia oral, la solicitud del interno contó con el aval del Consejo Correccional, de la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial y, de manera sorpresiva, con la conformidad del Ministerio Público Fiscal, representado por la Dra. Alejandra Quiroga Nassivera. Únicamente la Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Dra. Silvina García, presentó una oposición formal.
El representante legal de la familia, Dr. Maximiliano Del Signore, expresó su profunda indignación en diálogo con este medio por el repentino consenso institucional. El abogado recordó que en un intento anterior de Pérez para conseguir el beneficio, la querella presentó un recurso de revocatoria que resultó favorable para la familia, logrando frenar el pedido.
«En ese intento anterior nos negamos, metimos una revocatoria y la ganamos. Pero esta vez es como que se pusieron todos de acuerdo; imagínate que la Fiscalía no se opuso», señaló Del Signore, cuestionando que el Ministerio Público Fiscal haya avalado la medida sin considerar el trasfondo del caso ni el clima de hostigamiento que la familia sigue sufriendo en La Toma.
Las condiciones del beneficio y la orden de restricción
De acuerdo con lo resuelto en el expediente INC 212580/6, el régimen fijado establece las siguientes condiciones:
Modalidad y carga horaria: Una salida mensual por un lapso total de cuatro horas mensuales, más el tiempo de traslado.
Custodia y destino: El beneficio se ejecutará bajo la estricta conducción y vigilancia del Servicio Penitenciario Provincial hasta un domicilio ubicado en el Barrio Cuna de los Halcones II (calle Nelson al 3120) de la ciudad de Villa Mercedes, donde Pérez se reencontrará con su pareja e hijo.
Reglas de conducta: Tiene prohibido consumir alcohol o estupefacientes, ausentarse del domicilio fijado y deberá mantener su tratamiento psicológico ininterrumpido.
De manera simultánea, el juzgado dispuso una orden de restricción de acercamiento y/o comunicación en favor del hijo de la víctima, Agustín Garro Pereira, de su abuela Claudia Haydeé Sagripanti y de José Enrique Emanuel Garro. La orden encomienda a la Policía de San Luis y a la Comisaría 16° de La Toma brindar auxilio y asistencia urgente ante cualquier llamado telefónico o presencial de los allegados de Carla.
Un nuevo entorno familiar dentro del penal que desconcierta a la querella
Otro de los aspectos que generó profunda estupefacción e impacto en la familia de la víctima es la reconstrucción de la vida personal de Pérez en el establecimiento penitenciario. Durante su permanencia en prisión, el femicida entabló una relación de pareja que derivó en el nacimiento de un hijo recién nacido.
Fue precisamente la formación de este nuevo núcleo familiar en Villa Mercedes el argumento central sobre el cual la defensa articuló el pedido de revincularse socialmente mediante salidas transitorias. Sin embargo, para los allegados de Carla, resulta desconcertante e indignante ver cómo el sistema penitenciario y judicial ponderan los vínculos afectivos construidos por el condenado mientras la familia de la víctima sigue enfrentando la pérdida irreversible de Carla y la crianza de su hijo Agustín, privado de su madre desde muy temprana edad.
Exclusivo TUP: el desgarrador testimonio de Claudine Pereira
En declaraciones exclusivas para Todo Un País, Claudine Pereira, hermana de Carla, reflejó la desesperación y el temor con el que la familia recibió la notificación judicial: «Hoy sentimos que nuestro dolor vuelve a ser ignorado. No estamos conformes con las salidas transitorias otorgadas al asesino de nuestra hermana Carla; para nuestra familia significa volver a revivir la peor tragedia de nuestras vidas. A mi hermana le arrebataron la vida. Nos quitaron su presencia y le arrebataron la posibilidad de estar con su hijo, que era lo que más amaba en este mundo. Desde aquel día vivimos con una ausencia que duele todos los días.»
Claudine interpeló directamente al sistema de justicia sobre la desprotección que padecen las víctimas indirectas de la violencia machista: «Por eso, cuando escuchamos que la persona responsable puede salir y recuperar parte de su libertad, sentimos una profunda angustia, impotencia y mucho, mucho miedo. Es imposible no preguntarnos dónde queda el derecho de las víctimas y de sus familias a vivir en paz. Mientras él tiene la posibilidad de volver a caminar por las calles, nosotros seguimos cargando con una condena que no termina nunca: la de extrañar a mi hermana cada día de nuestras vidas.»
«Nos sentimos desprotegidos. Sentimos que la justicia vuelve a abrir heridas que jamás cerraron. No buscamos venganza; buscamos que se comprenda el enorme impacto que estas decisiones tienen sobre quienes seguimos sufriendo las consecuencias de lo que hizo el asesino. Hay una familia rota, un hijo sin su mamá, lágrimas que siguen apareciendo después de tanto tiempo. Solo pedimos que nuestra voz sea escuchada, que no se olviden de mi hermana y que quienes toman estas decisiones recuerden que las víctimas también tienen derechos», expresó finalmente Claudine Pereira.
Nueve años de una herida abierta
El crimen ocurrió el 25 de junio de 2017 en La Toma. Nahir nazareno Pérez -quien tenía 17 años y entrenaba «kick boxing»- le propinó a Carla Pereira una feroz golpiza. A pesar de la gravedad de sus lesiones, Carla logró pedir ayuda a los vecinos y difundir imágenes de su rostro desfigurado en redes sociales para denunciar a su agresor. Su estado de salud empeoró horas más tarde y falleció el 29 de junio de 2017 en el Hospital San Luis debido a un traumatismo severo de cráneo.
Por haber cometido el hecho siendo menor de edad, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil impidió la aplicación de la pena de prisión perpetua. Aunque inicialmente la Justicia le fijó 20 años de prisión, posteriormente el Superior Tribunal de Justicia redujo la condena a 17 años de cumplimiento efectivo.
A más de nueve años del femicidio, el beneficio otorgado al condenado reaviva el reclamo desesperado de una familia que exige el cumplimiento estricto de las penas para salvaguardar su seguridad y la memoria de Carla.
