Si muchos piensan que la Justicia de San Luis no funciona, ahora tengan en cuenta que ni siquiera funciona para los que forman parte de ella. O al menos, eso parece. La mañana de este miércoles el juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, fue notificado por el Jurado de Enjuiciamiento de San Luis que resolvió suspenderlo de su función, con el único derecho de percibir la mitad de su sueldo.
El Tribunal tomó tal decisión después de una denuncia que hizo otro abogado contra el magistrado. El letrado en cuestión es Carlos Desiderio Díaz, dedicado al fuero civil y laboral. Dicho hombre denunció al titular del Juzgado de Garantías 4, primero porque en un momento se apartó de la causa Molino Fénix, que tiene a un diputado provincial y otros cinco exfuncionarios imputados por corrupción. Segundo, denunció que Ortiz ejerció presión sobre una fiscal, quien recientemente renunció a su cargo porque se le venía encima un juicio político por varios procedimientos irregulares que ordenó, en los cuales secuestró dinero que jamás devolvió.
Este medio no hará referencia al delito que denunció el juez de Garantías 4, solo dirá que se trató de un hecho gravísimo, de esos que marcan de por vida a quien lo sufre, y por el que Torres terminó apartada porque en un año y medio jamás investigó nada. Y, como si todo eso fuera poco, la persona denunciada por ese aberrante delito es también un «hombre de Derecho», si así puede llamárselo, es decir, otro abogado.
En su resolución, firmada por los jueces Jorge Levingston, María Claudia Uccello, María Nazarena Chada, Mauricio Secundino Daract, Carlos García y Lino Aguilar, dieron por admitidos la formación de causa contra Ortiz. Y luego consigna su suspensión, con el percibimiento del 50% de su sueldo.
En marzo Ortiz se excusó de la escandalosa causa del Molino Fénix bajo el argumento de que su hermano le habría alquilado a los imputados un departamento. Pero, además, ese contrato jamás lo llevaron adelante, no se consumó, dado que al advertirlo le habría pedido a su hermano que lo rescindiera y devolviera el dinero.
A los pocos días un Tribunal de Impugnación rechazó el apartamiento que planteó Ortiz porque «no había motivos o consideraciones que permitan suponer que su imparcialidad de juicio en la causa podría estar en duda o menguada».
Lo segundo que denunció el abogado que ni siquiera ejerce en el fuero penal fue que el magistrado presionó a la exfiscal del Juzgado de Instrucción 2 de Villa Mercedes para que, por favor, avanzara en las averiguaciones sobre la denuncia que hizo contra el otro hombre que cometió un hecho aberrante y que tendría como víctima a un miembro de la familia del titular del Juzgado de Garantías 4.
El ahora suspendido magistrado denunció al otro letrado en noviembre de 2023. Pasó un año y medio y, desde la Fiscalía, parecía no moverse un oficio. Solo un allanamiento que ordenó mucho después Torres cuando el denunciado ya se había borrado hasta de las redes sociales. O sea tarde, muy tarde.
Otro abogado le comentó a esta periodista que, en realidad, al letrado denunciado por ese atroz delito no lo querían tocar porque es «compadre del juez Alfredo Cuello» y que, cada tanto, se reúnen en su casa a comer asados.
Eso sí, el letrado sindicado camina rimbombante junto a su novia por las calles o a bordo de su auto, como si nada fuese. Dado que la Justicia ni llegó a formularle cargos por la denuncia que quedó en la nada con la exfiscal.
Un año y medio tuvo que transcurrir para que apartaran a Torres. Bueno, en realidad, la suspendieron por quedarse con dinero de sospechosos allanamientos que, una vez practicadas las requisas y la incautación de los billetes, esas causas ahí morían.
Lo que denunció el juez Ortiz, algo delicadísimo y que le quiebra la voz cada vez que lo recuerda, ahora está en manos del fiscal instructor 4, Leandro Estrada, quien subroga la Fiscalía de Instrucción 2.
