La Iglesia Católica de San Luis fijó una postura crítica frente al debate legislativo nacional. A través de una carta abierta firmada por la Pastoral Social de la Diócesis local y dirigida a los Senadores Nacionales por la provincia, el Obispado manifestó su “gran preocupación” y rechazó de manera explícita diversos puntos del proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, al considerar que la iniciativa atenta contra la soberanía nacional, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo humano.
En el escrito, el organismo diocesano enmarcó su pronunciamiento en el Magisterio Social de la Iglesia y respaldó los posicionamientos previos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS). Según argumentan, los cambios propuestos en la legislación representan un retroceso en materia de protección de recursos estratégicos y preservación ecológica.
Alerta por la concentración y venta de tierras a extranjeros
Uno de los ejes centrales del reclamo eclesial se enfoca en las modificaciones al régimen legal de propiedad de la tierra rural. La normativa vigente establece un tope del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros por jurisdicción, con un límite específico de 1000 hectáreas en zonas núcleo.
Desde la Pastoral Social advirtieron que la flexibilización de este marco regulatorio pone en riesgo áreas sensibles del territorio nacional:
“Los aspectos de este proyecto que más nos preocupan consisten en la modificación del régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales y su adquisición por parte de extranjeros (…) entendemos que el nuevo proyecto podría favorecer una mayor concentración y extranjerización de tierras, quedando más expuestos los territorios estratégicos vinculados al petróleo, la minería, los glaciares y las nacientes de los ríos”, señala el texto enviado a los legisladores.
El riesgo ambiental tras los incendios forestales
El segundo punto crítico señalado por el Obispado de San Luis refiere a la derogación de los artículos que actualmente prohíben el cambio de uso del suelo en superficies afectadas por el fuego durante períodos de entre 30 y 60 años. Para la Iglesia, habilitar la explotación comercial inmediata de terrenos quemados genera un incentivo perverso para la quema intencional de bosques y zonas rurales.
“Consideramos que el proyecto de ley atenta contra el bien común y la ecología integral en tanto habilita a la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba vedado”, advierten en la misiva. En ese sentido, la Pastoral remarcó las consecuencias de eliminar dichas restricciones:
“La eliminación de las restricciones para cambiar el uso del suelo tras los incendios (…) podría incentivar incendios intencionales para urbanizar, forestar o desarrollar proyectos productivos en zonas quemadas”.
Con esta carta abierta, la Diócesis de San Luis busca interpelar de forma directa a los representantes puntanos en el Congreso Nacional, llamándolos a priorizar el «bien común», la soberanía sobre los recursos naturales y la «ecología integral» por encima de los intereses inmobiliarios o de concentración de la tierra.
