Los propietarios de bicicleterías de San Luis que participan como proveedores del Plan TuBi decidieron intervenir públicamente en la controversia política que rodea al programa provincial de entrega de bicicletas a estudiantes. Lo hicieron mediante una carta abierta dirigida al senador nacional Bartolomé Abdala, en la que rechazaron las acusaciones sobre presuntos negociados y defendieron tanto la transparencia de las contrataciones como el trabajo que realizan en sus comercios.
Aunque el documento está dirigido específicamente al legislador de La Libertad Avanza, su contenido también constituye una respuesta a los cuestionamientos que viene formulando el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, quien recientemente calificó al programa como un negocio.
El 19 de octubre, durante un acto político en Villa Mercedes, Rodríguez Saá cuestionó la utilidad de la entrega de bicicletas y sostuvo que muchas terminan en manos de estudiantes que no las necesitan o no las utilizan. En ese contexto afirmó que el programa no representa un cambio cultural en materia de transporte, sino un negocio.
La carta de los proveedores, fechada este lunes 26 de octubre, introduce una voz hasta ahora poco escuchada en la discusión: la de quienes tienen a su cargo el armado, la provisión y la entrega de las bicicletas.
«Los abajo firmantes, somos los bicicleteros de San Luis. Los que abrimos el local todos los días, los que arreglamos la bicicleta del vecino, los que pagamos sueldos, alquileres e impuestos en esta provincia», comienza el documento.
Los comerciantes explican que decidieron pronunciarse porque consideran que las publicaciones de Abdala los ofenden, los difaman y los colocan injustamente bajo sospecha.
«Usted habló de falta de transparencia en el Plan TuBi, le respondemos con nombre, apellido y comercio. Viendo sus expresiones usted no conoce como trabajamos o miente», sostienen.
Uno de los aspectos centrales de la respuesta está relacionado con el procedimiento mediante el cual los comercios se incorporan al programa.
Los proveedores aseguran que se inscribieron en una convocatoria abierta y que debieron cumplir con los requisitos establecidos por el Estado provincial. También recuerdan que las bicicletas son entregadas a los estudiantes durante actos públicos.
El mecanismo de incorporación de proveedores contempla la acreditación de experiencia en el rubro, radicación en San Luis y cumplimiento de las exigencias administrativas y fiscales correspondientes.
Durante 2026 participaron del programa unas 35 pequeñas y medianas empresas del sector, según informó la Secretaría de Transporte provincial. Para la edición 2027, el Gobierno abrió una nueva convocatoria destinada a los comerciantes interesados en incorporarse.
La discusión, sin embargo, excede los procedimientos administrativos. Los bicicleteros advierten que las acusaciones públicas afectan directamente la reputación de sus negocios y de las familias que dependen de ellos.
«No somos ‘un puñado que hace negocios con el Gobierno'», expresan en uno de los pasajes más contundentes de la carta.
A continuación, enumeran las localidades donde funcionan sus establecimientos: San Luis, Villa Mercedes, La Punta, El Volcán, Quines, San Francisco del Monte de Oro, Merlo y Juana Koslay.
También señalan que, para algunos de esos emprendimientos familiares, la participación en el Plan TuBi significó una oportunidad de crecimiento, mientras que para otros representó la posibilidad de sostener sus actividades y conservar puestos de trabajo.
Cada bicicleta requiere tareas de adquisición de componentes, ensamblado, acondicionamiento, traslado y posterior atención de garantías. Son actividades que, según los proveedores, se desarrollan en talleres de la provincia.
«Cada bicicleta que sale de nuestros talleres la armamos nosotros, pieza por pieza, y la firmamos, poniendo en juego el prestigio de nuestros apellidos», remarcan.
En ese mismo párrafo invitan a Abdala a visitar personalmente sus establecimientos cuando viaje a San Luis, para conocer el trabajo que realizan y conversar con sus propietarios.
La intervención de los comerciantes incorpora así otra dimensión al enfrentamiento político alrededor del Plan TuBi. Mientras Abdala plantea sospechas sobre las contrataciones y Rodríguez Saá cuestiona el sentido del programa, los proveedores ponen el acento en las consecuencias que esas afirmaciones tienen sobre quienes participan de su ejecución.
El programa impulsado por el Gobierno de Claudio Poggi contempla la entrega de bicicletas a estudiantes secundarios y persigue distintos objetivos: facilitar la movilidad, promover hábitos saludables, incentivar la finalización de los estudios y generar actividad económica entre los comerciantes locales.
La documentación oficial de las contrataciones de 2026 identifica proveedores, cantidades adjudicadas y precios unitarios. Esa información permite examinar los procedimientos y las condiciones de compra, aunque su publicidad no reemplaza los controles que correspondan sobre la utilización de los recursos públicos.
En el tramo final de la carta, los bicicleteros endurecen sus cuestionamientos al senador y le reclaman que no involucre sus nombres y sus fuentes laborales en las disputas políticas.
«No permitiremos que su vulgar politiquería ensucie nuestros nombres y banalice nuestro esfuerzo desde la comodidad de una red social», expresan.
Y agregan: «Detrás de cada TuBi hay horas de trabajo honesto, familias que nos ganamos el pan con dignidad».
El documento concluye con un pedido para que Abdala respete la responsabilidad institucional que ejerce y no permita que sus aspiraciones políticas afecten el trabajo de los comerciantes sanluiseños.
