El ex funcionario de Rodríguez Saá, que tuvo un desmayo en un centro deportivo de la ciudad de San Luis, aseguró en las redes sociales que fue un bajón de azúcar. Su esposa, la ministra del Superior Tribunal, Carolina Monte Riso salió a bancarlo con un emoji de “Me encanta”.
No me drogo, y no tengo miedo de ir preso. El textual le pertenece al ex secretario General de la Gobernación de Alberto Rodríguez Saá, Miguel “Micky” Berardo, y fue parte de una publicación en las redes sociales que hizo para reconocer una suerte de desmayo que sufrió en las últimas horas en un centro deportivo de la ciudad de San Luis.
Esa publicación fue celebrada -recibió la aprobación, con el emoji de Me Encanta- por la jueza del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Carolina Monte Riso, es decir su esposa.
El desmayo generó preocupación y requirió la inmediata atención de profesionales paramédicos. Berardo, ha sido denunciado en una causa de corrupción, se encuentra imputado en la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario, no puede salir de la provincia de San Luis y todos sus bienes fueron inhibidos.
“Primero que todo estoy bien, solo fue un episodio de hipoglucemia, me dieron una gaseosa, me recuperé y me fui por mis propios medios, ya consultaré con un médico para ver cuáles fueron las causas”, dijo Berardo, uno de los jóvenes de incondicional confianza de Alberto Rodríguez Saá, que transitan los pasillos judiciales.
“No me drogo (me pueden hacer todos los narcotest que quieran), no tuve un ataque de pánico ni le pedí a nadie que ocultara algo y mucho menos tengo miedo de ir preso por la opereta judicial que me armaron” se despachó Berardo en el posteo en redes, luego de que se revelara su desmayo.
La publicación de Berardo asegurando que no se droga y que no tiene miedo de ir preso, tiene fuerte interés periodístico, no sólo por tratarse de un ex altísimo funcionario de la administración de Rodríguez Saá, envuelta en escándalos por episodios de funcionarios vinculados con drogas ilegales, sino porque involucró la participación de una ministra del Superior Tribunal de Justicia, un poder esquivo a la realización de exámenes toxicológicos.
