La Justicia penal confirmó las imputaciones por corrupción y el embargo de 300 millones a la ex diputada Anabela Lucero y su pareja, Joaquin Beltrán, en la causa donde se investigan hechos de corrupción en la administración del Molino Fénix y la Casa de la Música de la ciudad de Villa Mercedes
La ratificación corrió por cuenta del Tribunal de Impugnación de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial integrado por los Dres. Hernán Herrera, María Monserrath Bocca y Marcelo Bustamante quienes habían resuelto tratar en forma conjunta impugnaciones de la defensa sobre las formulaciones de cargos con los recursos de revisión de las medidas de coerción. La resolución fue emitida en el marco de la causa donde se investiga la comisión de posibles hechos delictivos y que tiene como imputados a Beltrán y Lucero, además de Enzo Lucero, Diego Torres y Exequiel Scarel.
“Existieron planteos con respecto a lo resuelto por el Juez de Garantía Nº 4 en la audiencia desarrollada el pasado 14 de marzo: de la Defensa en relación a la formulación de cargos, de la Querella y Fiscalía en relación al rechazo de formulación de cargos por el delito de robo en poblado y en banda y el planteamiento de la revisión de medidas cautelares ordenadas en la misma audiencia”, señaló la oficina de prensa del Poder Judicial.
Lucero y Beltran, pareja y ex funcionarios de la gestión de Alberto Rodríguez Saá quedaron acusados de peculado (sustracción de elementos, y uso de las personas que trabajaban en el Molino Fénix, de las instalaciones y de vehículos), administración fraudulenta (uso de bienes y fondos, transporte de personas, pago de seguros en lugares donde funcionaban sus sedes partidarias cuando fue candidata a intendenta de Villa Mercedes), malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Para el caso de Scarel, Enzo Lucero y Diego Torres les correspnde un embargo de 50 millones de pesos.
El tribunal revocó la inhibición de bienes y para Scarel dejó solo con efecto la formulación por los delitos de peculado y administración fraudulenta, por la utilización de bienes y fondos para la adquisición de combustible.
La justicia también ratificó otras medidas que ya se habían dispuesto antes de que llegaran las impugnaciones como por ejemplo la prohibición de acercamiento a una distancia de 200 metros del Molino Fénix, Casa de la Música y el Museo Gatica; la prohibición de salir de la provincia y del país sin permiso judicial hasta la finalización de la investigación; la entrega de los pasaportes y la firma del libro judicial del 1 a 10 de cada mes.
