El Gobierno provincial cederá al Poder Judicial el uso de las oficinas del complejo administrativo. Allí instalarán dependencias del ministerio de fiscales y defensores.
Oficinas del Ministerio Público Fiscal, área clave del Poder Judicial provincial, se mudarán al edificio administrativo de la calle Ayacucho, entre Rivadavia y San Martín, donde compartirá domicilio con dependencias del Poder Ejecutivo. El gobernador Claudio Poggi y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, Eduardo Allende, firmaron este miércoles una carta de intención para la cesión de las instalaciones.
La parte de la que el gobierno provincial les cederá el uso a los tribunales es el tercer piso de la edificación de Ayacucho 945. Esa construcción fue realizada en los años noventa del siglo pasado, cuando el crecimiento de San Luis (a partir del impulso económico generado por la promoción industrial) demandó una ampliación de las instalaciones para el funcionamiento de la estructura administrativa.
Se ubica a espaldas del antiguo palacio donde funcionaba la Casa de Gobierno, construido a principios del siglo XX. Luego de que, en 2010, la sede gubernamental se trasladó a Terrazas del Portezuelo, la anterior sede del gobierno fue cedida al Poder Judicial y allí se instaló el Superior Tribunal de Justicia. De modo que, con la mudanza de las oficinas del Ministerio Público Fiscal -el organismo compuesto por fiscales y defensores-, habrá una conexión espacial entre dos áreas de los tribunales.
“El compromiso asumido por los poderes del Estado es formalizar este convenio antes del 15 de septiembre de 2024, con el objetivo de que el Poder Judicial tome posesión efectiva del mencionado piso para esa fecha”, informó la oficina de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial. Señaló que el acuerdo de cesión está motivado en “la necesidad de eficientizar el uso de los recursos públicos” y lograr una mejor prestación del servicio de Justicia”.
