— ¿Por qué no sabemos cuántos son? Fíjense lo que pasó ahora en La Perla, en Córdoba, donde encontraron solo un diente y no saben de qué melliza es ¿Por qué? Porque nos desaparecieron hasta los huesos.
Las palabras de la abogada Graciela Kullock, que trabajó en el Archivo Nacional de la Memoria y por cuyas manos pasaron cientos de expedientes surgidos de los juicios por los crímenes de la dictadura, resonaron en el Aula Interactiva de la Universidad Nacional de los Comechingones.
Fue este jueves 26 de marzo, dos días después de las marchas que volvieron a llenar las calles del país a 50 años del golpe cívico-militar de 1976, un punto crucial en la historia argentina que abrió paso a una maquinaria estatal de secuestro, tortura, asesinato, robo de bebés y desaparición forzada que todavía hoy no termina de mostrar toda su dimensión.
Kullock, que vive hace casi una década en Villa de Merlo, fue una de las panelistas del conversatorio público “El Archivo y el Cuerpo. Disputas y conflictos de memoria”, organizado por la Dirección General de Comunicación de la UNLC.
En el mismo panel también dejó su testimonio —el del cuerpo— el sobreviviente de la ESMA Néstor Fuentes. Lo hizo por videoconferencia desde ese mismo predio en el que hace cinco décadas sufrió torturas que le dejaron marcas para toda la vida.
A sus 80 años, Fuentes recordó “Capucha”, el altillo donde los secuestrados permanecían engrillados, esposados y tirados sobre colchonetas muy delgadas, en medio del aislamiento, la humillación y la amenaza permanente. Habló de la picana, del “submarino” y de las patadas que todavía tiene grabadas en su cuerpo. Pero también habló de algo más hondo: de “la perversión de un sistema que robó bebés nacidos en cautiverio y luego arrojó al mar a sus madres en los vuelos de la muerte”.
Casi retirado de la docencia y el trabajo universitario, Fuentes pasa algunos meses del año en Villa de Merlo, donde tiene una casa de descanso. Pero el resto del tiempo brinda su testimonio a los jóvenes que van a conocer el predio de la ex ESMA. Según su experiencia, a las nuevas generaciones no les falta sensibilidad ni inteligencia, sino puentes para conectar la historia con su propia experiencia del presente.
Por eso el jueves quiso recuperar y resignificar una palabra que la dictadura convirtió en amenaza: “subversivo”. Ser subversivo, dijo, puede ser hoy animarse a preguntar, no aceptar la primera explicación, desconfiar del discurso cerrado y conservar la pasión por cambiar un orden injusto.
Esa apelación obedeció a que encuentra una señal de esperanza en la presencia juvenil masiva durante las marchas del 24M. Frente a quienes insisten en instalar que los jóvenes respaldan sin fisuras proyectos políticos que relativizan la memoria o banalizan los crímenes de la dictadura, él vio otra cosa: una juventud que todavía se conmueve, se informa y entiende que el pasado no puede quedar librado a la desmemoria.
Kullock retomó esa tensión, pero desde el terreno de la prueba y de la disputa por el sentido. “El archivo no es un depósito muerto de papeles viejos —dijo— sino una herramienta de verdad”. La abogada explicó que los expedientes judiciales demuestran que en la Argentina no hubo excesos aislados ni una guerra entre dos bandos simétricos, sino delitos de lesa humanidad cometidos desde el aparato estatal a través de un plan sistemático.
También advirtió que la dictadura aniquilaba militantes y disciplinaba opositores, mientras destruía el tejido social e imponía otro modelo económico. “Es el mismo plan económico que tenemos ahora”, dijo. Según esa mirada, la represión no fue un capricho militar. Al contrario: fue la condición de posibilidad para rediseñar el país sobre las bases del miedo, la fragmentación y la pérdida de derechos.
En su intervención, Kullock dejó un dato que expone una realidad invisible: el 84 por ciento de los represores condenados cumple prisión domiciliaria. Según denunció, muchos de ellos incluso vulneran esas condiciones y participan de reuniones sociales.
Puntanas desaparecidas
La mirada de la historiadora puntana Alba Myriam Tobares completó el mapa desde San Luis. Su intervención recordó que el terrorismo de Estado no fue una historia ajena para la provincia. Hubo secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos y centros clandestinos. Pero Tobares investigó, en especial, a mujeres puntanas víctimas del terrorismo de Estado en distintos puntos del país, a quienes buscó sacar del anonimato y devolverles biografía, espesor y humanidad.
Entre esos casos aparece el de Leonor Rosario Landaburu, secuestrada embarazada de siete meses y medio. Su hijo o hija todavía no recuperó la identidad. Ese dato, dijo, alcanza para mostrar que hay delitos que siguen ocurriendo en el presente porque la apropiación no terminó.
La importancia de hablar
El conversatorio en la UNLC dejó en evidencia que la memoria no puede quedar reducida a una fecha ni a una liturgia institucional y que el cuerpo de un sobreviviente, el archivo judicial y la reconstrucción territorial de la historia siguen diciendo algo decisivo para la Argentina actual.
Frente a los intentos de relativizar el horror o vaciarlo de sentido, todavía hay voces capaces de recordar lo esencial: no desaparecieron sólo personas. En muchos casos, desaparecieron para siempre nombres, huellas, huesos, es decir, su verdad más esencial.
30 mil, un número abierto frente al pacto de silencio
La cifra de los 30 mil desaparecidos no es una resolución aritmética cerrada, sino lo que los especialistas denominan un “número abierto”. En el conversatorio de la UNLC, la abogada Graciela Kullock fue taxativa: reducir la discusión a una cuestión de conteo es ignorar la naturaleza misma del terrorismo de Estado, que operó bajo la clandestinidad y el ocultamiento deliberado de las pruebas.
El argumento técnico que sostiene esta cifra se basa en cuatro pilares:
– El registro de los perpetradores: los únicos documentos que contienen la cantidad exacta de víctimas y su destino final estuvieron en manos las fuerzas armadas que mantienen un pacto de silencio que impide conocer los datos reales del exterminio.
– La logística del terror: La existencia de más de 800 centros clandestinos de detención en todo el país y la movilización de 150.000 efectivos de seguridad indican una escala de represión que excede los registros iniciales.
– Evidencias internacionales: Documentos desclasificados del Departamento de Estado de EE. UU. revelan que en 1978 —apenas dos años después del golpe—, la inteligencia militar argentina reconocía internamente la existencia de 22.000 víctimas.
– La limitación de la CONADEP: La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas tuvo apenas ocho meses para trabajar en 1984, bajo un clima de terror residual donde miles de familias aún no se atrevían a denunciar.
