Que una fiscal de la Justicia de San Luis necesite custodia policial incluso en el barrio cerrado en el que vive da una dimensión de la gravedad que alcanzó un caso que hasta ahora había permanecido prácticamente fuera del conocimiento público. María Virginia Palacios está bajo protección del COAR después de denunciar amenazas y manifestar temor por su seguridad y la de su hija. Detrás de esa situación aparece una trama compleja: un robo de dinero, un enfrentamiento entre dos hermanos, acusaciones cruzadas y hasta la versión de un supuesto plan para matarla.
Ahora el caso sumó un nuevo capítulo. Hugo Scarso, abogado defensor de Ernesto Faustino Novillo —el hombre denunciado por Palacios—, realizó una extensa presentación ante la Justicia en la que pidió investigar el trasfondo de la denuncia, producir nuevas pruebas y determinar qué relación existe entre la causa por amenazas y otro expediente abierto a partir de un robo ocurrido a fines de abril.
Un robo, en el comienzo de la historia
Uno de los hechos que la defensa considera necesario reconstruir ocurrió entre el 28 y el 30 de abril, cuando fue denunciado un robo en el domicilio de María Lydia Yolanda Novillo, en La Toma. Esa investigación tramita en otro expediente judicial.
Según surge de la denuncia de Palacios reproducida en la presentación de Scarso, la fiscal conocía desde hacía años a Jorge Novillo, “Neneto”, hermano de Ernesto, y mantenía una relación de amistad con él y su familia. También relató conocer la existencia del robo. La situación adquirió mayor gravedad cuando Palacios dijo haber tomado conocimiento, a través de terceros, de una versión según la cual Ernesto Novillo habría pagado a Nicolás Mauricio Gómez, alias “El Porteño”, para matar tanto a ella como a “Neneto”.
Según el escrito de Scarso, esa información habría tenido como origen dichos atribuidos a un interno apodado “Coco” Fábrega. La defensa pide determinar de dónde surgió esa versión, quién tuvo conocimiento directo de ella y qué elementos independientes existen para corroborarla.
Qué pide investigar Scarso
Uno de los principales planteos de Scarso es que la causa por el robo y la investigación iniciada a partir de la denuncia de Palacios sean analizadas de manera relacionada. Pidió su acumulación por conexidad, la intervención de una misma Fiscalía, la coordinación de las diligencias y el acceso recíproco a las pruebas, aunque se mantengan legajos separados.
También solicita incorporar íntegramente la investigación del robo para determinar cuánto dinero fue sustraído, a quién pertenecía, quiénes conocían que se encontraba en aquella vivienda y qué elementos llevaron a identificar a los sospechosos.
Otro punto son los audios mencionados en la denuncia de Palacios. La defensa reclama acceder a los archivos originales y no solamente a transcripciones o fragmentos, establecer cómo fueron obtenidos y preservados y, si existieran controversias, realizar pericias para determinar su integridad y la identidad de las voces.
Las cámaras de Los Quebrachos
Una parte importante de las medidas solicitadas se concentra en el barrio Los Quebrachos, donde reside Palacios. Scarso pidió preservar las grabaciones de las cámaras correspondientes al momento en que, según el relato incorporado al expediente, tres personas habrían llegado al lugar. También reclama los registros de ingreso y egreso y pretende reconstruir mediante las imágenes sus movimientos y los del vehículo en el que se trasladaban.
La defensa solicita además que Palacios amplíe su declaración para precisar si observó personalmente a esas personas, en qué condiciones lo hizo y qué elemento concreto utiliza para atribuirle una intervención a Ernesto Novillo, o si esa información provino de terceros.
Scarso también pidió que la administración de Los Quebrachos informe desde qué fecha ingresó el COAR al barrio, si actualmente continúa brindándole custodia a Palacios y si la fiscal todavía reside allí.
El vínculo con “El Porteño”
Otra línea que la defensa pretende que se investigue es la relación entre Palacios y Nicolás Mauricio Gómez. Según la denuncia de la fiscal citada en el escrito, “El Porteño” había concurrido algunas veces a su domicilio y realizado trabajos de mantenimiento. Scarso pide establecer cuándo se hicieron esos trabajos, quién los organizó y qué elementos independientes existen para precisar las características de ese vínculo.
La presentación aborda además una versión atribuida a la pareja de Gómez según la cual Palacios habría recibido dinero para conseguir su libertad. Scarso la rechaza y sostiene que Gómez recuperó la libertad el 31 de octubre de 2025 mediante una resolución dictada a partir de un hábeas corpus promovido por su defensa. Posteriormente habría sido detenido en otra causa.
El propio escrito, sin embargo, hace una precisión: esa documentación puede establecer cómo se produjo judicialmente la libertad de Gómez, pero no permite por sí sola descartar una eventual entrega de dinero ajena a aquella decisión. Por eso la defensa pide determinar exactamente qué se dijo y cuál es la fuente de esa información.
Hipótesis que deberán probarse
La presentación contiene acusaciones severas contra Palacios y cuestionamientos a otros integrantes del Poder Judicial. Pero se trata de planteos de la defensa de Ernesto Novillo y no de hechos acreditados judicialmente.
El propio Scarso aclara que no presenta esas hipótesis como hechos ya probados. Lo que reclama es que sean investigadas y contrastadas con el mismo rigor que las acusaciones formuladas contra su defendido.
La Justicia deberá resolver ahora cuáles de las medidas solicitadas considera pertinentes. Mientras tanto, una circunstancia muestra hasta dónde escaló el conflicto: una fiscal de San Luis permanece bajo protección policial mientras se intenta determinar qué hay detrás de una historia que comenzó con un robo y terminó involucrando amenazas, acusaciones cruzadas y un supuesto plan para matar a dos personas.
