» Alberto Rodríguez Saá perdió la elección y después ordenó vaciar el Estado. Los funcionarios lo hicieron y ahora están todos denunciados y varios procesados».
Con esa contundente definición, el gobernador Claudio Poggi se refirió este miércoles al escenario político generado después de que la Justicia dispusiera 60 días de prisión preventiva para la exdiputada y exadministradora del Complejo Molino Fénix Anabela Lucero, su hermano Enzo Lucero y el exfuncionario Exequiel Scarel.
Poggi estableció, sin embargo, una diferencia clara entre la causa judicial y la discusión política. Evitó pronunciarse sobre la decisión adoptada por el juez de Garantía Nº4, Santiago Ortiz, porque la investigación continúa en trámite. «El tema judicial preferiría no opinar, porque está en medio del proceso judicial. No quisiera interferir», explicó.
Su respuesta estuvo dirigida, en cambio, al Partido Justicialista y al documento mediante el cual la fuerza política denunció una supuesta connivencia entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público Fiscal, Fiscalía de Estado y la Justicia alrededor de las causas que involucran a exfuncionarios de la administración de Alberto Rodríguez Saá.
Poggi reconstruyó entonces lo ocurrido inmediatamente después de asumir la Gobernación, en diciembre de 2023. Según sostuvo, durante los seis meses transcurridos entre la derrota electoral del oficialismo provincial y la finalización del mandato de Rodríguez Saá se produjo un vaciamiento de fondos y bienes del Estado que obligó a la nueva administración a presentar denuncias judiciales.
«Alberto Rodríguez Saá, seis meses antes, después de haber perdido la elección, de junio a diciembre, ordenó vaciar el Estado. Todos sus funcionarios que participaron en esas maniobras fraudulentas, hemos hecho las denuncias del caso apenas entramos al Gobierno», afirmó Poggi.
El mandatario vinculó aquella situación con las dificultades financieras que encontró al asumir. En diciembre de 2023, el Gobierno provincial debió desdoblar el pago de los salarios de los empleados públicos ante la falta de recursos suficientes para afrontar la totalidad de la masa salarial en una sola fecha.
«Nosotros hicimos las denuncias del vaciamiento de las arcas del Estado y de los bienes del Estado. El primer mes o los dos primeros meses que asumimos, casi en el medio de la desesperación, era el mandato que teníamos: cuidar los fondos de San Luis y recuperar los fondos de San Luis», recordó.
Y aseguró que una parte de aquellos recursos pudo recuperarse, mientras que otros hechos denunciados terminaron convertidos en expedientes que actualmente tramitan ante la Justicia.
«Parte los recuperamos y parte están en procesos judiciales, pero eso se debe al vaciamiento del Estado que ordenó el exgobernador», sostuvo.
La afirmación derivó en una pregunta directa al mandatario: si considera que Rodríguez Saá fue quien impartió las órdenes, ¿por qué no existe una denuncia contra el exgobernador?
Poggi respondió: «Firmaban los otros. Los mandó a firmar a los otros. Qué pícaro».
