Tras promulgar la ley el miércoles a la noche, el jueves a primera hora concurrió al laboratorio de la UNSL. Hay 10 mil funcionarios en condiciones de someterse a los analisis.
El miércoles a las 21 el gobernador Claudio Poggi promulgó en Casa de Gobierno la ley que exige la realización de exámenes toxicológicos a funcionarios de los tres poderes del estado. El jueves a las 8, estaba golpeando las puertas del laboratorio de la Universidad Nacional de San Luis para convertirse en el primer funcionario en someterse a esos controles que quedaron establecidos por ley.
Las formalidades dicen que la ley se llama “Ley de Ejemplaridad y Coherencia de los Funcionarios Públicos”, pero en rigor se trata de una norma que exige a los funcionarios de la provincia someterse a una prueba para saber si son consumidores de drogas.
¿Cómo un juez que consume va a juzgar a un narcotraficante? Se preguntó el Gobernador el miércoles ante la prensa, para marcar la contradicción. “El narcotest —expicó— se hará con el resguardo de la intimidad que requiere la normativa vigente. No significa estar en contra de una decisión personal de consumir, no es eso lo que se está cuestionando. Lo que disponemos es que ningún funcionario público, ya sea el gobernador, ministros, jueces, fiscales o legisladores que tienen que tomar decisiones que afectan a la sociedad estén condicionados por ser consumidores. No puede ser”.
En el laboratorio de la Universidad, Poggi fue recibido por los profesionales que se desempeñan allí habitualmente. Y también el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla y el decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Sebastián Andujar. Cumplió con todos los protocolos, se sometió al examen y dejó así inaugurado un proceso novedoso en la provincia ( y en país también) por el que deberán pasar, ministros , directores, diputados, senadores, ademas de jueces y magistrados. Se calcula que unos 10 mil funcionarios de los tres poderes del estado están en condiciones de hacerse a los test que exige la ley.
“En el marco del decreto de promulgación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia de los Funcionarios Públicos, fui el primer funcionario en hacerme el examen toxicológico. Los resultados van a estar en los próximos días, pero lo estamos haciendo con la Universidad Nacional de San Luis, que es un órgano, como exige la norma, ajeno al Estado provincial”, dijo Poggi al salir del laboratorio.
Bazla, explicó que la promulgación de la ley que busca garantizar la integridad de los funcionarios públicos en la lucha contra el narcotráfico.
“Establece que los funcionarios de los tres poderes del Estado deben someterse a exámenes toxicológicos anuales y obligatorios. Esto es un paso importante para garantizar la transparencia y la ética en la gestión gubernamental”, dijo.
Bazla señaló que la ley tiene como objetivo detectar la existencia de drogas ilegales en el organismo de los funcionarios, prevenir el consumo abusivo de drogas legales y garantizar que los funcionarios tomen decisiones en plenitud de sus capacidades.
“La ética pública consiste en un conjunto de normas deseables para lograr un buen Gobierno, por ello estamos comprometidos con la transparencia y la aplicación de normas éticas”, dijo.
La ley es amplia abarca a funcionarios de los tres poderes del Estado, legisladores, incluso integrantes de las fuerzas de seguridad y personal de salud: “Estamos hablando de una tarea muy intensa que ha comenzado hoy y comprenderá a aproximadamente 10.000 personas. En términos generales serán 5.800 efectivos policiales, más el personal del Servicio Penitenciario, más todo el personal de la Salud Pública y a eso sumado los funcionarios del Poder Ejecutivo, los legisladores, senadores, diputados y los integrantes de las mesas directivas, más el Poder Judicial, nos referimos a ministros del Superior Tribunal, camaristas, fiscales, jueces de primera instancia, defensores”, detalló.
En caso de no cumplir con los exámenes, los funcionarios podrían enfrentar consecuencias como la cesación inmediata de funciones o afrontar un jury de enjuiciamiento.
La Provincia cubrirá los costos de los exámenes toxicológicos, que se realizarán en la Universidad Nacional de San Luis. Los resultados se mantendrán confidenciales y se notificarán a la secretaría de Ética Pública y Control de Gestión.
¿Cómo se implemeta?
Los exámenes toxicológicos son de carácter obligatorio y se realizarán de manera anual y aleatoria. El objetivo es asegurar que la selección de los funcionarios para los test sea transparente e igualitaria.
Los test se realizarán en instituciones públicas que no dependan del Estado provincial, para asegurar la independencia de los resultados. En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales en un funcionario, las autoridades correspondientes deberán aplicar medidas de contención y asistencia, como el otorgamiento de licencias, la suspensión temporal de funciones, o incluso el cese en el cargo, dependiendo del caso y conforme a la legislación vigente y la Constitución provincial.
La norma garantiza que toda la información obtenida será tratada con estricta confidencialidad -tal como lo establece la Ley Nacional de Protección de Datos Personales- para proteger la privacidad de los resultados de los funcionarios.
