Tal vez sea verdad o tal vez, solo una estrategia para tratar de evitar lo inevitable, o al menos ganar un poco de tiempo. Lo cierto es que su abogado, Pascual Celdrán, presentó un certificado según el cual, él, el defensor, sufre un cuadro de hipertensión. Y eso le permitió a Sergio Freixes, el ex super ministro del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, postergar la audiencia en la que va a ser imputado, junto a su esposa, Viviana Moreyra, sus dos hijos y otros colaboradores, por conformar una asociación ilícita con la que habría causado un enorme perjuicio económico al Pueblo Ranquel del sur de San Luis.
El mentado cuadro de hipertensión, con su consecuente indicación médica de reposo, no le impidió a Celdrán, de todos modos, estar disponible para dar una detenida entrevista al sitio de noticias del exgobernador, en la que no tuvo mejor idea que presentar a los Freixes como “víctimas de persecución”.
La audiencia de formulación de cargos estaba fijada para este martes 28 de febrero. Celdrán presentó una constancia médica en la que le prescriben siete días de reposo, “hasta que pueda ser revisado por un cardiólogo”. Ante esa presentación, la audiencia fue aplazada para el lunes 11 de mayo.
Sergio Freixes está en prisión desde el 29 de noviembre del año pasado. Cumple una condena a seis años de prisión por coerción, por haber presionado a jueces para que le firmaran la renuncia anticipada, en 2004, en tiempos en que era ministro de la Legalidad, en la gestión del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá.
Luego, en agosto de 2017, en un nuevo período del líder del Partido Justicialista en la Gobernación, asumió como ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción.
Fue en esta época en que, como hombre de confianza del también funcionario e hijo del gobernador, Alberto Rodríguez Saá (h), ambos se autoproclamaron lonkos en la comunidad Ranquel. Eso les permitió manejar los recursos y la riqueza de ese territorio. Y, sobre todo, derivar exorbitantes sumas de dinero del Estado provincial a cuentas de las que ellos tenían el control.
Una vez que desde el Gobierno, Rodríguez Saá (h) y Freixes transferían el dinero a la comunidad Ranquel, el entonces ministro se los giraba a “El Relincho S.A”, una empresa a la que le adjudicaban todos los servicios brindados al Pueblo Ranquel. Y a “El Relincho S.A” la manejaba el propio Freixes.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), en las maniobras también participaban la esposa del entonces ministro, Viviana Beatriz Moreyra, sus hijos Francis Emmanuel Freixes y Diamela Rocío Edith Freixes, Sofía Elizabeth Aguilera, Miguel García Montani, Marcos Daniel Ferreyra, el actual intendente de Fortuna, Diego Ezequiel Lucero, y el exjefe de la Policía de San Luis, Marcelo Enrique Balbo.
Los Freixes y compañía deberán responder por el manejo de casi 700 millones de pesos que el Gobierno giró a esa comunidad en apenas tres años, entre 2020 y 2023. Serían responsables de defraudar a la administración pública mediante la malversación de los fondos.
Esos recursos se canalizaban a través de dos cuentas bancarias: una en el Banco Supervielle, donde el Gobierno depositaba la coparticipación junto a otros fondos bajo la figura de Aportes del Tesoro Provincial; y otra cuenta en la que se registraban los ingresos derivados de la explotación agropecuaria —siembra, cosecha y producción ganadera— de las 66 mil hectáreas cedidas a la comunidad.
El 7 de diciembre de 2023, tres días antes de dejar la Gobernación, Rodríguez Saá ordenó transferir al Pueblo Ranquel cincuenta millones de pesos en concepto de Aporte del Tesoro Provincial (ATP).
Cuatro días después, el 11 de diciembre de 2023, con el mandato ya finalizado, Sergio Freixes intentó retirar cincuenta millones de pesos de la cuenta del Pueblo Ranquel para transferirlos a una cuenta de la Asociación Civil Festival El Caldén. Solo el control atento de un contador evitó que la operación se concretara.
