Tanto la proyección de gastos y recursos para el 2025 como la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones fueron aprobados esta semana en la Cámara Baja.
El gobierno provincial obtuvo esta semana dos victorias relevantes en el ámbito legislativo: logró la media sanción de la Ley de Presupuesto para el año 2025 y además también obtuvo el visto bueno para la adhesión de la provincia al RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. En ambos casos las iniciativas lograron la aprobación por mayoría en la Cámara de Diputados y ahora serán tratadas por el Senado.
Casi en la recta final del año legislativo, la aprobación de ambos proyectos es clave para el gobierno ya que uno le permitirá moverse con independencia y según sus propios criterios nada menos que en la administración general de la gestión. El otro es un “llamador” de inversiones voluminosas, una herramienta puntual que se suma al abanico de acciones que viene desplegando con el objetivo de mejorar la producción y el mercado laboral privado.
En el caso del Presupuesto, se trata de la “ley de leyes” ya que contiene el cálculo de los ingresos, los gastos y su distribución para el próximo año. Se trata de una especie de guía a seguir, de esquema financiero donde el gobierno planifica en que gastará el dinero, cuales serán sus prioridades y cuales las fuentes de financiamiento. Para el año 2025 el gobierno planifica contar con fondos por algo más de 1.841 millones de pesos. Prevé más ingresos y egresos equilibrados (es decir que no tiene déficit) y no contempla tomar deudas. Los gastos prioritarios están orientados a mejorar la educación, construir viviendas e impulsar políticas que puedan ayudar al crecimiento del desarrollo y empleo en el sector privado.
Del total de los fondos, el 50% se destinará al pago de salarios para la administración pública, el 7% a beneficios sociales y el 9% a transferencias automáticas que se distribuyen a los municipios. Además, un 11% será para obra pública, con la mitad de ese monto destinado a la construcción de viviendas, uno de los ejes principales de la gestión de Poggi.
En el recinto el presupuesto fue aprobado por 24 votos a favor y 16 en contra pertenecientes a legisladores de la actual oposición que gobernó hasta el pasado 10 de diciembre. Durante el debate, la diputada del oficialismo Eugenia Gallardo salió al cruce de los actuales opositores ante la negativa a acompañar el presupuesto y las críticas que esgrimieron. “Se gastaron todos los recursos que teníamos, que eran extraordinarios, en financiar un déficit fiscal que heredamos y que es eso lo que estamos pagando. Nosotros destinamos nuestros escasísimos recursos a poder salvar la pobreza de San Luis con fondos destinados al Plan Alimentario Nutricional Escolar (PANE)”, dijo. Y agregó: “Sí, tenemos diferencias: ellos contrataban a empresas amigas para hacer canchas de hockey que nunca se iniciaron. Hay más de 20 denuncias en el Poder Judicial de exfuncionarios del gobierno anterior”.
Inversiones
La votación para adherir al RIGI fue casi calcada: 23 votos afirmativos y 16 negativos.
El régimen impulsado por la Nación y que necesita la adhesión de las provincias para poder aplicarse en todos el territorio nacional contempla beneficios impositivos especiales para emprendimiento que superen los 200 millones de dólares de inversión. Por eso tiene como objetivo atraer grandes capitales y, en el caso de la provincia, apuesta a fortalecer el desarrollo en sectores estratégicos las energías limpias, el turismo, la infraestructura y la tecnología.
Un dato clave de la adhesión al este régimen es que San Luis no cederá el control sobre sus recursos naturales. Asi quedó fijado o en el artículo 2 del proyecto se establece que la provincia no delegará facultades, respetando lo dispuesto en el Artículo 121 de la Constitución Nacional. Esto asegura que cualquier proyecto de inversión respete la biodiversidad y el entorno natural de San Luis.
Sobre este punto que había generado criticas al proyecto en función de la posibilidad de que peligre los recursos naturales de la provincia, la diputada Gallardo, explicó que “son las jurisdicciones provinciales las que tienen que habilitar a los emprendimientos que surjan a partir de la adhesión de esta ley. Es decir, que es la provincia la autoridad de aplicación”.
La legisladora también abordó las preocupaciones sobre los posibles impactos ambientales que se plantearon durante los debates en la comisión que analizó el proyecto: “Sabemos perfectamente que la mega minería, la explotación de petróleo y gas, y la producción forestal destinada a la industria maderera, con un piso de 200 millones de dólares, no son atractivos para posibles inversores”, dijo.
“Estamos convencidos que adherir a esta ley representa y va a representar una gran oportunidad para el crecimiento y desarrollo de la provincia. Creo que se están dando las condiciones oportunas, es una manera de mirar el futuro de la provincia”, dijo Gallardo.
