Las quemas controladas constituyen una herramienta de prevención para reducir la cantidad de vegetación y materia orgánica acumulada en terrenos rurales, pero su realización no puede hacerse de manera improvisada. En San Luis, estas prácticas requieren autorización previa y deben llevarse adelante bajo determinadas condiciones meteorológicas y con medidas de seguridad.
La Dirección de Prevención y Gestión de Emergencia (DPyGE) es el organismo encargado de evaluar cada solicitud. Antes de otorgar el permiso, personal especializado inspecciona el terreno para determinar si existen las condiciones necesarias para realizar la quema sin poner en riesgo a personas, bienes o zonas cercanas.
Reducir el material combustible
Una quema controlada es un fuego planificado, intencional y supervisado. Su principal objetivo es disminuir la biomasa —plantas, restos vegetales y otros materiales orgánicos— que puede convertirse en combustible para un incendio forestal.
La práctica también puede contribuir a la preparación de terrenos destinados a la producción y favorecer determinadas condiciones para la actividad ganadera y el manejo del suelo.
Durante las quemas autorizadas intervienen brigadistas de la DPyGE y bomberos voluntarios, que acompañan y supervisan el procedimiento.
Cómo solicitar la autorización
Quienes necesiten realizar una quema deben solicitar previamente la autorización correspondiente. Para ello pueden comunicarse con el área de Quemas de la Dirección de Prevención y Gestión de Emergencia al WhatsApp 2664-779372 o mediante el correo electrónico [email protected].
También es posible realizar el trámite de manera presencial en el Ministerio de Seguridad, en Casa de Gobierno, edificio Sur, primer bloque.
El costo vigente de la inspección del terreno es de $20.000, mientras que la autorización tiene un valor de $2.000 por hectárea a quemar.
Una práctica que está regulada
La Provincia advierte que las quemas clandestinas no están permitidas. Realizar una quema sin la correspondiente autorización puede generar importantes sanciones económicas, con multas que, según la información oficial, pueden alcanzar hasta $1.000 millones.
Además, si el fuego ocasiona daños, puede intervenir la Justicia para determinar el impacto producido y las responsabilidades correspondientes. Las consecuencias, por lo tanto, pueden superar una sanción económica y derivar también en responsabilidades penales.
La normativa provincial contempla un régimen sancionatorio para quienes incumplan las disposiciones vinculadas con la prevención y lucha contra los incendios, que incluye multas y otras medidas destinadas a la remediación y recuperación ambiental.
En plena temporada de mayor riesgo
La etapa de quemas controladas se desarrolla habitualmente durante buena parte del año y contempla distintos tipos de material. Hasta septiembre pueden realizarse, por ejemplo, quemas de pajonales y bajo monte, mientras que posteriormente y hasta noviembre se contemplan quemas de escombros forestales, siempre bajo las autorizaciones correspondientes.
En enero de este año, la Provincia había establecido para pastizales naturales o implantados un período de permisos desde el 5 de enero hasta el 15 de septiembre en los departamentos Dupuy, Pedernera, Pueyrredón, Pringles, Chacabuco, Ayacucho, Junín, San Martín y Belgrano. Para la eliminación de escombros forestales, el período se extiende hasta el 30 de noviembre y requiere además la autorización de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El contexto actual requiere especial precaución: desde agosto comienza la época de mayor riesgo de incendios en la provincia, por lo que se extreman las medidas preventivas y las condiciones exigidas para autorizar las quemas.
La prevención también empieza en el campo
Desde la DPyGE recomendaron a propietarios y productores no realizar ninguna quema sin autorización y consultar previamente ante cualquier duda.
También remarcaron la importancia de contar con picadas contrafuego correctamente realizadas y mantenidas, ya que constituyen una de las principales herramientas para impedir que un incendio avance hacia otros sectores.
Una quema realizada bajo planificación, autorización y supervisión puede ser una herramienta de manejo preventivo. En cambio, una quema clandestina puede transformarse rápidamente en un incendio forestal, con consecuencias sobre el ambiente, las propiedades y, fundamentalmente, la vida de las personas.
La prevención, recuerdan desde el área de emergencias, es una responsabilidad compartida.
