Un programador informático que ingresó a trabajar en el gobierno provincial en el año 2018, un jubilado y un desocupado, son las tres personas detenidas en San Luis tras los allanamientos ordenados en una investigación sobre tenencia de material de abuso sexual infantil.
El primer detenido. El programador –ingresó en el área tecnología durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá- fue detenido en la vivienda en la calle Héroes de Malvinas al 400. Se supo que el Gobierno ya inició el sumario administrativo que lo desvincula de sus tareas habituales, como también se le revocaron todos los accesos digitales propios de su tarea como programador.
El segundo detenido. Es un desocupado –con antecedentes de reiterancia desde 2020- vive en la calle Buenos Aires en el barrio Kennedy.
El tercer detenido. Es el mayor de los tres, -aunque no tendrían vínculo entre sí-, y se trata de un jubilado que vive en la manzana 431 del barrio 123 Viviendas, en la zona noreste.
Los tres fueron trasladados a centros médicos para su revisación médica y luego derivados a dependencias policiales en donde quedaron a disposición de la Justicia.
Los allanamientos se concretaron en la madrugada de este martes, en cuatro domicilios de la ciudad capital, donde se secuestró material informático considerado prueba clave en la investigación.
En el cuarto domicilio, Tomás Jofre al 900 no se encontró al sospechoso; se estima que está en la provincia de La Pampa, en donde su captura sería inminente.
Las investigaciones estuvieron a cargo del Área de Delitos Complejos de la Policía provincial, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N°3, conducido por la jueza Natalia Lazarte Otero. También intervinieron las fiscalías de Género N°1 y N°2, a cargo de María Delia Bringas y Antonella Córdoba, con coordinación del Procurador General Sebastián Cadelago Filippi y de la licenciada Carina Bernal, del Área de Delitos Complejos del Poder Judicial.
El operativo se enmarca en el Protocolo de Intervención Urgente y Colaboración Recíproca en casos de detección de pornografía infantil en internet (Red 24/7) y en la Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal, que articulan acciones entre fuerzas de seguridad provinciales y nacionales para combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales.
