El Gobierno del Reino Unido volvió a ratificar ayer su postura sobre las Islas Malvinas y defendió el desarrollo de sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. Además, expresó su respaldo a empresas y particulares que realizan actividades comerciales con el archipiélago frente a las medidas impulsadas por la Argentina.
“La posición del Reino Unido es clara: las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren apropiado”, sostuvo la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
Según Londres, ese derecho está vinculado con la autodeterminación de los habitantes de las islas. El pronunciamiento se produjo luego de que la Argentina intensificara sus advertencias a empresas y personas que suministran bienes y servicios al archipiélago, especialmente en actividades relacionadas con los hidrocarburos.
El Gobierno británico calificó de “inaceptables” las medidas argentinas y aseguró que su administración y su red diplomática respaldan plenamente a las compañías y particulares involucrados.
La posición fue reforzada en una guía publicada el 15 de septiembre, en la que Londres sostiene que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas están reguladas por la legislación local y afirma que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar sus leyes a quienes desarrollen negocios allí.
La respuesta argentina
La Cancillería argentina rechazó la postura británica y anunció una profundización de las medidas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en áreas cuya soberanía se encuentra en disputa.
El Gobierno argentino sostiene que las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio nacional y considera ilegítimas las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.
En ese marco, la Cancillería informó que envió cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas de 30 países y que inició 60 procedimientos administrativos.
La disputa también alcanza al proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Mientras Londres sostiene que existen oportunidades para nuevas inversiones, la Argentina mantiene su rechazo a cualquier explotación de recursos en las áreas bajo disputa de soberanía.
Malvinas, en el centro de la agenda de Milei
El presidente Javier Milei convirtió durante la última semana la cuestión Malvinas y la defensa de la soberanía nacional en uno de los principales ejes de su agenda. El mandatario manifestó esa preocupación ante integrantes de su Gabinete, legisladores y dirigentes de su entorno.
En el Gobierno aseguran que Milei considera que puede conseguir avances que otros gobiernos no lograron en relación con la soberanía del archipiélago. Esa expectativa cobró fuerza después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a comienzos de septiembre de 2026 afirmó que su administración analiza modificar la histórica postura de neutralidad de Washington sobre la cuestión Malvinas.
En ese contexto, tampoco pasó inadvertido un mensaje publicado en X por Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia y uno de los hombres de confianza del mandatario. “El curso de los acontecimientos está empujando hacia un punto de inflexión”, escribió el domingo por la noche.
En La Libertad Avanza interpretaron que la frase reflejó una definición transmitida por Milei y que permite dimensionar la importancia que el Presidente le asigna actualmente al tema.
La misma posición quedó expuesta en una entrevista que Milei brindó el miércoles al canal de streaming Neura, horas antes de que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional llegara a la Cámara de Diputados.
“Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, sostuvo el mandatario.
Milei también explicó que el endurecimiento de las sanciones contra empresas y directivos que participen en actividades hidrocarburíferas en el archipiélago sin autorización argentina surgió de una decisión adoptada en una reunión de Gabinete, antes de la cadena nacional del 3 de septiembre en la que anunció las medidas.
De esta manera, el Gobierno busca instalar la cuestión Malvinas como una política de Estado y avanzar con nuevas herramientas frente a las actividades económicas desarrolladas en las áreas cuya soberanía reclama la Argentina.
