El último gran robo: el sobreprecio de 170 millones que pagó Rodríguez Saá por un colectivo

El sobreprecio pagado equivale a lo que pagaron todos los ciudadanos de la ciudad de San Luis en concepto de impuesto inmobiliario en 2023. Todos los detalles de una operatoria sospechada de corrupción y que está en manos de la Justicia. “Yo doné el colectivo” dice el ex gobernador, aunque usó fondos públicos.
Rodríguez Saá
El periodista Mauricio Conti y un informe revelador en el programa Agenda Directa.

“El último gran robo”. Así se titula el informe periodístico que se conoció hoy, realizado por el periodista Mauricio Conti y emitido en el programa “Agenda Directa” en la pantalla de San Luis +. El trabajo revela detalles de la millonaria operatoria de compra de un colectivo por parte del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, a sólo nueve días de dejar el gobierno de San Luis.
Por una unidad usada, con casi un millón de kilómetros realizados, se pagó un sobreprecio de más de 170 millones de pesos. Una martillera oficial tasó el vehículo en alrededor de 114 millones de pesos, pero Rodríguez Saá pagó 290 millones.
Para dimensionar la magnitud de ese sobreprecio hay que decir que es el equivalente a tomar todo lo que los ciudadanos de la ciudad de San Luis pagaron de impuesto inmobiliario en 2023.

El informe técnico sobre el colectivo concluyó que la unidad no podía circular debido al mal estado en que se encontraba al momento de la compra, registrando al menos diez fallas mecánicas graves.
Conti también investigó la empresa proveedora: llegó hasta la dirección consignada en la factura de Sematur SRL, correspondiente a su operación número 00001 (la primera registrada por esa firma, pese a existir formalmente desde el 1° de mayo de 2005). La dirección indicada era Rosales 531, en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, en el conurbano bonaerense.
Pero en el lugar no funcionaba ninguna fábrica de colectivos, ni concesionaria de ómnibus, ni había ningún cartel alusivo. En cambio, el periodista fue amenazado por una persona que se presentó como propietario de la empresa. Este hombre negó rotundamente haber vendido un colectivo, aunque la factura presentada por Rodríguez Saá señala que la compra se realizó allí. Sólo admitió que en ese domicilio funciona una empresa de transporte, pero insistió en que no venden unidades.
La millonaria operación, autorizada pocas horas antes de que Rodríguez Saá dejara el Gobierno en 2023, motivó una denuncia judicial. La causa involucra a la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez quien además enfrenta otras acusaciones por hechos delictivos.
Días atrás, durante un acto de campaña para promocionar a sus candidatos rumbo a las elecciones del 11 de mayo, Rodríguez Saá declaró: “Yo doné un colectivo… ¿qué tiene de malo?, aunque la compra se realizó con fondos públicos.
La producción del programa Agenda Directa confirmó que en los próximos días habrá más entregas relacionadas a esa investigación periodística.

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