Así lo estipula una ley que aprobó el Senado y que autoriza a centros de Salud y Hospitales a cobrar los servicios que prestan. La medida alcanza también a quienes tienen prepaga.
Los hospitales y centros de salud de toda la provincia (CAPS) podrán empezar a cobrarle a las obras sociales y empresas de medicina prepaga por la atención que reciben sus afiliados, cada vez que se atienden en el sistema público de salud.
Así quedó establecido en la ley que sancionó de forma unánime la Camara de Senadores este martes y que ademas establece el destino que se le dará a esso fondos dentro del sistema de salud ya que una parte ira a al personal de salud que contribuyó en la generación de estos recursos, otra a gastos de mantenimiento y capacitación y otra a acciones en áreas prioritarias de alto costo y baja incidencia como enfermedades catastróficas y oncológicas.
El proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo con el objetivo de crear un sistema de autogestión en la salud pública que permita recuperar fondos por los servicios prestados a personas con cobertura, ya sea de obras sociales o empresa de medicina prepaga.
Según la nueva ley los hospitales y centros de salud de toda la provincia (CAPS) podrán cobrar a las obras sociales y prepagas por la atención que reciben sus afiliados cada vez que reciben atención en el sistema público de salud.
Estos cobros no afectarán al paciente: quienes reciban atención en hospitales y CAPS no deberán pagar nada.
Hace poco mas de un mes el propio gobernador Claudio Poggi explicó cual es el espíritu sistema y cómo operará en la realidad. Fue cuando anunció el envio del proyecto de ley a la Legislatura, durante una visita al hospital de Villa Mercedes. “El hospital público va a seguir atendiendo a todo el mundo.
Ahora si uno viene con una prepaga como OSDE u obras sociales como Osecac,o DOSPU también hay que entenderlo, pero el Estado le va a cobrar después a esa prepaga u obra social”, ejemplificó. Y señaló que hasta ahora el Estado facturaba una cifra muy baja, por lo que estaba subsidiando desde el hospital público a la medicina privada. Esa distorsión es lo que se apunta a corregir que además hasta ahora la Nación era una especie de garante si la obra social no pagaba, pero ya dejó de serlo.
Detalles y números
Durante la sesión en la Camara Alta el senador por Pedernera, Adolfo Catro Luna, también explicó que el cobro se le realizará solamente a las obras sociales, prepagas y otros agentes de seguro de salud, quienes deberán hacerse cargo de los costos como lo harían si la atención fuera brindada en un establecimiento privado. Esto permitirá que la Provincia recupere una parte de los gastos sin que los pacientes deban hacer desembolsos adicionales por la atención recibida.
El legislador destacó que la creación de este sistema de autogestión hospitalario representa un esfuerzo por modernizar y mejorar el sistema de salud de la provincia, adaptándolo a las nuevas realidades y expectativas de la sociedad mediante el uso de tecnología y un enfoque integral.
El principal objetivo del proyecto es fortalecer la salud pública en San Luis, reinvirtiendo los fondos en el propio sistema de salud, lo que permitirá mejorar la calidad de atención y la infraestructura hospitalaria. Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca equilibrar los recursos que se destinan al cuidado de personas con cobertura privada, sin afectar ni reducir el acceso a la salud pública universal, explicó Castro Luna.
El senador indicó que los fondos recaudados se distribuirán de la siguiente manera: 40% será destinado al personal de salud que contribuyó en la generación de estos recursos; 30% en gastos de mantenimiento y capacitación del personal; y 30% para el desarrollo de acciones de salud pública en áreas prioritarias y/o prestaciones de alto costo y baja incidencia, enfermedades catastróficas y oncológicas.
Desde el año 2000 la Nación promovió el recupero de gastos hospitalarios públicos mediante la facturación a obras sociales y seguros de salud. Sin embargo, en 2024 derogó la normativa que regulaba este proceso, facultando a las provincias a establecer acuerdos directos sobre prácticas, valores y pagos para garantizar el recupero de fondos.
Para lograr una recuperación justa de los costos, el proyecto prevé ajustar el nomenclador, asegurando que los pagos se adapten a los costos reales y garantizando que los valores cobrados a las obras sociales sean razonables.
“Esto significa un recambio del sistema actual, producto de que se desreguló, será uno propio, con trato directo con cada obra social o prepaga. Y de paso aprovechamos para actualizar los aranceles porque una consulta médica nosotros la cobramos hoy a 1.200 pesos, así viniera una persona que tiene OSDE”. explicó en su momento el Gobernador.
