El Gobierno de San Luis acreditó este lunes más de $960 millones a 10 instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad, con el objetivo de asegurar la continuidad de prestaciones esenciales en medio de una situación financiera crítica.
La medida fue dispuesta por el gobernador Claudio Poggi mediante una asistencia financiera excepcional, impulsada a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Discapacidad.
Los fondos, que alcanzan un total de $960.361.100,46, están destinados a garantizar el funcionamiento de prestadores que atienden a 471 personas en toda la provincia. El aporte es de carácter reintegrable y deberá devolverse en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
La Provincia dio una respuesta concreta y fueron acreditados $209.346.098,72 para Ailen SRL; $254.252.308,92 para Centro de Día La Esperanza SA; $12.288.932,93 para Colibríes Centro de Día SAS; $37.194.887,26 para Fundación Beatriz Ramseyer; $94.538.565,34 para Qatro SRL; $183.144.923,40 para Newen SA; $51.852.498,60 para López Cynthia Magali; $6.683.156,54 para Mediavilla David Fernando, Alarcón Agustina Lourdes y Alarcón Luciana Sociedad de Hecho; $20.448.360,00 para Fundación Valduvieco – Apoyo Integral a Personas con Discapacidad y su Entorno; y $90.611.368,74 para Antu SRL.
Asistencia ante una situación crítica
La decisión provincial surge como respuesta a los problemas financieros que atraviesan las instituciones debido a la falta de pago de prestaciones por parte del programa nacional Incluir Salud.
Según se informó oficialmente, la deuda se originó a partir de octubre de 2025, en el marco de una reorganización administrativa a nivel nacional que incluyó cambios estructurales, nuevas designaciones y procesos de auditoría. Esta situación derivó en demoras sostenidas en los pagos, afectando la liquidez de los prestadores.
Las instituciones, que incluyen centros de día, espacios terapéuticos, servicios de rehabilitación y transporte, advirtieron que el atraso comprometía la continuidad de sus servicios.
Reclamos y respuesta provincial
Frente a este escenario, los prestadores realizaron reclamos ante las autoridades nacionales. En una reunión realizada el 9 de marzo, se les informó que las demoras podrían extenderse por tiempo indefinido.
Ante la falta de una solución inmediata, las instituciones solicitaron asistencia al Gobierno provincial para cubrir gastos operativos y sostener la atención.
La Provincia respondió con este aporte extraordinario, que ya fue acreditado, buscando garantizar la continuidad de servicios fundamentales para personas con discapacidad en San Luis.
